En la 99.9, el fiscal Walter Martínez Soto alertó sobre el aumento de hechos violentos en los ámbitos educativos y advirtió que la falta de autoridad, la inacción del sistema y la pérdida de legitimidad del Poder Judicial están profundizando una crisis que ya dejó episodios estremecedores.
El fiscal Walter Martínez Soto analizó en la 99.9 la grave escalada de violencia que atraviesan las escuelas del distrito y afirmó que en el último año y medio “hemos asistido a un incremento bastante importante, podría decirle alrededor de un 20% de causas iniciadas” por agresiones físicas, verbales o situaciones que configuran delitos. Según explicó, este fenómeno se agrava porque “no hay respuesta en lo que es el sistema educativo cuando se suscita algún tipo de problema”.
Martínez Soto remarcó que muchos de los denunciados “cada vez son más chicos”, incluso de 5 o 6 años, edades en las que “la Justicia Penal Juvenil no tiene por qué intervenir”, ya que solo puede hacerlo “a partir de los 16 años”. Sin embargo, señaló que ante la inacción del sistema, “algunos padres, algunos directivos, le han sugerido hacer denuncias penales para visibilizar la situación que también ellos sufren”.
El fiscal subrayó que los educadores “están minados en autoridad” y condicionados por “todo un sistema burocrático que ideológicamente me parece mal pensado”. Para ilustrarlo, mencionó situaciones cotidianas que revelan la pérdida de límites dentro de la escuela: “Decir mala contestación es algo habitual”, afirmó, sumando que incluso pedir a un alumno que se quite la gorra —o “visera”, como los jóvenes la llaman para evitar la asociación con la policía— se ha vuelto un conflicto: “Solo para verle la cara y decirle ‘te podés sacar la gorra’ es todo un problema. Entonces optan por no decir nada. Hemos llegado al grado de lo ridículo”.
En referencia al caso reciente de la Escuela 21, donde la casa de una familia fue incendiada tras una denuncia contra un menor no punible, Martínez Soto fue contundente: “Estamos en un período caótico, parece Far West”. Señaló que la violencia se desencadenó “ante una mera denuncia de alguien que no es punible, en una situación que todavía ni siquiera había tenido una intervención activa”, y que la comunidad “no tuvo mejor idea que ir y quemar la casa”.
El fiscal también dirigió críticas hacia el Poder Judicial, del cual forma parte: “Es de alguna manera también culpable”, expresó. Según su análisis, la justicia “ha perdido legitimidad” y a la vez “ha perdido su autonomía”, afectada por discursos políticos que trasladan culpas y por “una situación de pasividad que en nada contribuye”. En este sentido, advirtió: “Nuestro rol es constitucional, no político. Debemos cumplir la ley y la Constitución a rajatabla”.
Señaló asimismo que los funcionarios judiciales no pueden actuar por conveniencia personal: “Si tuviese ganas de ir por la calle e insultar a alguien, eso no lo puedo hacer. Tengo los ojos todos sobre mí”. Y remarcó que la falta de coherencia en las resoluciones también alimenta la desconfianza social: “Uno tiene que tener resoluciones coherentes y consistentes en el tiempo; no es un dato menor”.
Frente a episodios cada vez más extremos —como el ocurrido días antes del incendio en la Escuela 21, cuando “a una profesora la habían tirado por la escalera”—, Martínez Soto expresó su desconcierto ante la desaparición total de límites: “A quién se le ocurriría en su sano juicio empujar a un profesor o pretender pegarle. Se ha perdido completamente el límite porque no tenemos en nuestra sociedad un límite en cuanto a la convivencia”.
Para el fiscal, el trasfondo de todos estos hechos es la ruptura del concepto de autoridad y la ausencia de un marco claro de convivencia: “Acá todo el mundo hace lo que se le antoja la gana y no importa, porque todos piensan satisfacer sus necesidades propias, completamente egoístas”. Y, a modo de cierre, advirtió: “Es incomprensible en una sociedad moderna como la de hoy”.