Al paquete de leyes aprobado por la Legislatura en extraordinarias, se sumó una acordada de la Corte Suprema bonaerense que extiende la obligatoriedad a 14.000 jueces, fiscales, funcionarios judiciales y del Ministerio Público Fiscal.
Transparencia y ajuste le reclamó a la clase política María Eugenia Vidal cuando asumió la gobernación de la provincia de Buenos Aires hace dos años.
Y sobre el final de este 2017, la mandataria bonaerense parece estar ganando la batalla. A las leyes que obtuvo en las sesiones extraordinarias de la Legislatura, que le permitirán recortar varios cargos políticos y jubilaciones de privilegio, se sumó ahora una acordada de la Suprema Corte de Justicia provincial que puso en práctica el denominado “Reglamento de declaraciones juradas patrimoniales”.
Concretamente, la decisión del máximo tribunal obliga a más de 14.000 jueces, fiscales, funcionarios judiciales y del Ministerio Público Fiscal a dar a conocer sus declaraciones de bienes.
De esta forma el Poder Judicial se agrega a los 25.900 funcionarios del Poder Ejecutivo bonaerense, que ya habían sido alcanzados por tres decretos de la mandataria, y a los 92 diputados y 46 senadores bonaerenses, que desde la semana pasada están obligados por ley a divulgar su patrimonio.
Así, el archivo bonaerense de declaraciones juradas disponibles en la web sólo será superado por las 51.000 declaraciones juradas de la Oficina Anticorrupción de la Nación, que encabeza Laura Alonso.
Incluso, a diferencia de lo que sucede con sus pares de la justicia federal, cuyas declaraciones juradas sólo son accesibles mediante un trámite escrito, en el caso de los jueces bonaerenses los detalles patrimoniales estarán publicados en la Internet.
El acuerdo N° 3880
La decisión fue refrendada esta semana por los jueces supremos Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani, Héctor Negri, Eduardo de Lazzari, Daniel Soria y Luis Genoud.
El máximo tribunal provincial rompió con una práctica que venía desde la última dictadura. En efecto, desde el año 1981, los magistrados provinciales sólo estaban obligados a presentar sus declaraciones juradas al ingresar al cargo y a renovarlas cada cinco años o cuando modificaran su patrimonio. Pero no se preveía un mecanismo de acceso público, salvo que el interesado en la información denunciara penalmente al juez en cuestión.
El Acuerdo aprobó un nuevo reglamento que obliga a los jueces, fiscales y funcionarios de jerarquía a renovar sus declaraciones juradas antes del 31 de agosto de cada año, cada vez que modifiquen su patrimonio y cuando abandonen el cargo.
El formato será similar al que rige para los funcionarios de la gobernación, policías y guardiacárceles. Una presentación será privada: es la que contienen los datos precisos de los bienes y las deudas de los magistrados y cónyuges, que se preservan por motivos de seguridad. Otra versión sintética, con el valor de cada uno de esos bienes, será accesible en la web.