El economista de la consultora INVECQ advirtió que las plantas procesadoras en tierra muestran rentabilidades negativas de hasta el 40%. Señaló problemas macroeconómicos, altos costos internos, retenciones sin justificación y un marco laboral anclado en convenios de hace 50 años.
El economista Matías Surt, integrante de la consultora INVECQ, trazó un panorama crítico en la 99.9 sobre la situación que atraviesa la flota pesquera y, en particular, las plantas procesadoras en tierra . “Llegamos a números que son en todos los casos negativos. En algunos, del orden del menos 2 o menos 5%, pero hay otros donde estamos en el menos 30 o menos 40% de rentabilidad”, advirtió.
Según explicó, “tenemos el impacto de la política cambiaria, con un tipo de cambio relativamente bajo, costos en alza en pesos, derechos de exportación y precios internacionales a la baja”. Y remarcó: “La pesca siempre ha quedado afuera de la eliminación de retenciones para economías regionales. Hoy sigue con derechos de exportación de entre el 3% y el 9%, según la especie y el tipo de presentación, que con los precios actuales no tienen ninguna justificación, ni siquiera en términos de recaudación”.
Surt señaló que “los precios internacionales del langostino o la merluza han caído entre un 25 y un 30% en los últimos diez años” y que la política económica local “debería adaptarse a los vaivenes de la demanda y los precios globales”. Incluso comparó con otras medidas recientes: “En minería eliminaron todas las retenciones, con un impacto fiscal mucho más relevante que en la pesca. En este caso, no hay argumento de equilibrio fiscal que lo justifique”.
El relevamiento también detectó fuertes distorsiones internas. “Los costos de estiva son entre 400 y 500% más altos en dólares que en España, y los costos logísticos para transportar mercadería congelada se duplican respecto de ese país. La cadena está repleta de sobrecostos, ineficiencias y regulaciones excesivas que nos hacen perder competitividad en cada eslabón”, afirmó.
Uno de los puntos más críticos es el esquema laboral. “Este sector sigue regulado por un convenio colectivo firmado en 1975. Una actividad que ha sufrido enormes cambios tecnológicos no puede seguir atada a esa rigidez”, dijo. Explicó que, en la práctica, “coexisten cuatro esquemas diferentes de contratación: el convenio original, el convenio PYME de la poscrisis 2001-2002, la tercerización en cooperativas formales y la tercerización en cooperativas informales. Esto genera una competencia desleal fenomenal”.
La diferencia de costos, sostuvo, “puede llevar a que una misma empresa pase de estar en equilibrio a tener una rentabilidad negativa del 30 o 40%”. Y advirtió que la situación laboral se conecta con la informalidad: “Si hay informalidad en el factor trabajo, probablemente también la haya en el resto de la cadena. Es un problema estructural que excede a la pesca, pero que en este sector se siente de manera muy aguda”.
Para Surt, el escenario es claro: “Entre un contexto macroeconómico adverso y una estructura interna plagada de sobrecostos, la rentabilidad del sector está asfixiada. Sin una revisión integral de impuestos, regulaciones y convenios, la situación de quebranto no se va a revertir”.