El abogado Ricardo Monner Sans habló en la 99.9 sobre la investigación que se está llevando adelante y donde se acusa al director de PAMI, Luciano Di Césare de sacar dinero de esa entidad para mantener su facción política en el oficialismo. “El fiscal Stornelli empujó la causa hacia las investigaciones”, destacó.
Los desmanejos en algunas entidades llegan a límites increíbles para el común de los argentinos. En los últimos meses, se está llevando adelante una investigación que tiene que ver con Luciano Di Césare, director de PAMI, quien se estaría llevando dinero de esa entidad para sostener una facción interna dentro de la disputa política del oficialismo.
Una de las personas que inicialmente empezó a trabajar este tema fue el abogado Ricardo Monner Sans que en la 99.9, dio detalles sobre como se ha evolucionado en la causa. “Detrás de todo lo de Oyarbide, aflora un tema que tiene su origen de la mano de la prensa. Fue un trabajo que había puesto Daniel Santoro en Clarín y a mi me pareció terrible, dada la situación de los jubilados de nuestro país, que se auto adjudicaran dinero porque ellos son patrones y empleados al mismo tiempo”, señaló.
En ese contexto, la aparición del fiscal federal Carlos Stornelli fue fundamental para que se comenzara una investigación seria: “el título en aquél momento de Santoro tenía que ver con que estos tipos tenían el mismo sueldo que la presidenta, lo cuál es una grosería, como mínimo. Eso no pareció perturbar a la jefa de fiscales, la Dra. Gils Carbó y merecía un tratamiento expreso en sede judicial. Por suerte, el fiscal Stornelli empujó la causa hacia las investigaciones”. Incluso agregó que “hubo una compra rara de un inmueble en Corrientes al 600 en una pésima ubicación y un pésimo precio, lo que dejaba un olor extraño”.
El problema se basa en que los funcionarios tienen absoluto poder sobre sus decisiones y prácticamente nadie puede controlarlos. “La intervención que dispone el poder ejecutivo le permite a los funcionarios públicos que quedan al frente del PAMI, tener vuelo propio y se gastan 6.000 dólares con pasajes de primera a terminar una tesis en México. Si un funcionario se gasta en pasajes esa plata, es una terrible grosería, cuando los prestadores médicos están sin insumos en cosas elementales”, contrastó Monner Sans.
A todo esto, se le debe sumar la cantidad de dinero que no es abonada a empresas y entidades que deben brindarle los servicios a los jubilados. “La ausencia de pagos a entidades que se dedican a la atención a ancianos hace que el rebote final lo tengan los propios ancianos. No es un problema del capitalismo tradicional”, concluyó.