Según un estudio, la carga fiscal llega hasta el 56% de los ingresos de un hogar.
Este año, el solsticio no marcará solamente la llegada del invierno. Para un grupo de argentinos, mañana será también el día de la “liberación de impuestos”, cuando dejarán de trabajar solo para pagar sus obligaciones tributarias de cualquier nivel, nacional, provincial y municipal.
Según un estudio elaborado por un grupo de economistas, si se considera el monto total percibido durante un año por un trabajador que percibe un salario neto mensual promedio de $ 7494, se deduce que sus haberes desde el 1° de enero al 21 de junio serán el equivalente a lo que pagará por todo un año de impuestos y cargas sociales descontadas de su sueldo. Quienes tienen ingresos más elevados, cruzarán esa frontera en los días posteriores y hasta fines de julio.
Los cálculos fueron realizados por los economistas Nadin Argañaraz, Sofia Devalle y Andrés Mir, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Entre las conclusiones se destaca que en los últimos años, a causa de una creciente presión fiscal sobre quienes pagan impuestos, aumentó la cantidad de días trabajados para pagar impuestos.
Este año, la cuenta revela que para liberar los ingresos hacen falta 172 días en el ejemplo mencionado y 184 días (se cumplirán el 3 de julio) para el caso de quien gana $ 16.239 mensuales. Para un sueldo neto de $ 24.420, la liberación llegará el 17 de julio (198 días); si el ingreso es de $ 36.912, serán 205 los días trabajados para compensar los requerimientos fiscales y el plazo se cumplirá el 24 de julio.
El estudio del IARAF compara esas fechas con salarios de similar poder adquisitivo en 2011 y 2012. Para ello, a los montos considerados para el primer año se le adicionaron subas. Para 2013 se sumó un incremento del 24%. De esta manera, se llegó a cifras comparables teniendo en cuenta el efecto de la inflación; un factor que, por otro lado, explica parte de la mayor presión tributaria.
Medida como porcentaje del ingreso percibido por una familia, y siempre incluyendo el costo laboral, la carga tributaria total se ubica este año entre el 47,2 y 56,2%. Para un salario de $ 7.494, los impuestos de pago directo (cargas laborales y Ganancias) se llevan el 32,5%; mientras que los indirectos (incluidos en el precio de los productos consumidos) se quedan con el 13,2% del dinero implicado en el contrato laboral, que incluye el salario bruto y las cargas que paga el empleador.
¿Qué es lo que explica el incremento de la carga en los últimos años? Son varias las causas, y cada una tiene un peso diferente según el nivel de ingresos. Lo que s intenta estimar mediante el estudio del IARAF es la presión tributaria legal, es decir, la que efectivamente pesa sobre los sueldos de los ciudadanos que cumplen con todas sus obligaciones. Es un concepto diferente al de “presión tributaria efectiva”, que mide la recaudación según el índice del Producto Bruto Interno y no tiene en cuenta un factor que, en el caso de la Argentina, es de peso: la evasión impositiva. Los casos considerados corresponden a familias integradas por un matrimonio y dos hijos, estableciendo un parámetro para el ejercicio que implica estimar los impuestos atados a su consumo de bienes y servicios.
En el nivel más bajo de los ingresos que se tuvieron en cuenta, el día de liberación se incrementa un día respecto del año pasado. Eso sucede, principalmente, por subas en impuestos provinciales y municipales, como el inmobiliario. Para el caso de otros salarios, cobran mayor peso la insuficiente actualización del esquema para tributar Ganancias (tanto por la suba del menor salario imponible como por el incremento de las deducciones) y la falta de adecuación del monto del patrimonio a partir del cual se paga el tributo por Bienes Personales. En los tramos de sueldos más altos, la cantidad de tiempo “dedicado” al Estado se elevó entre 10 y 13 días.
En todos los casos, se consideran los aportes personales y las contribuciones patronales que surgen de las relaciones laborales, y también los impuestos sobre Ganancias y Bienes Personales. Asimismo, se suman cargas indirectas como el IVA e impuestos internos y específicos sobre determinados consumos. Y los tributos provinciales (Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor) y municipales que, en muchos casos, han tenido incrementos significativos en los últimos años.
Destino de los recursos
El indicador del “día de liberación” considera el peso de las cargas para las personas pero no analiza qué hace el Estado con esos recursos, es decir, cuál es la calidad del gasto en cuanto a la retribución en servicios para los ciudadanos. En el caso de las cargas sociales sí hay prestaciones específicas a cambio, como el servicio de una obra social o el pago futuro de la jubilación que, según la fórmula de cálculo, otorga haberes cercanos al 60% del último salario.
Al analizar ese componente en particular, los economistas del IARAF reconocen el debate sobre si los pagos con destino a la seguridad social deben ser considerados o no como impuestos. El informe adopta las conclusiones de estudios que les dan tal carácter a esas cargas, por tratarse de dinero que los trabajadores deben aportar de manera obligatoria y cumpliendo una regulación. Además, se considera que, si bien se determinan promesas de pago a futuro, el Estado tiene atribuciones para modificar las condiciones de acceso a los beneficios o las fórmulas de cálculo del haber.
Inflación, distorsiones y gasto, en la mira
La inflación y el incremento del gasto público, que no se condice con una mejora en la calidad de los servicios del Estado, son dos de los factores que algunos economistas ponen en la mira junto a otros motivos de aumento en la presión fiscal sobre los ciudadanos. Otro aspecto es el alza de la recaudación por tributos que son considerados “distorsivos” porque, por ejemplo, afectan los costos de la producción.
“El aumento fortísimo de la presión tributaria tiene como contracara la inflación y los ajustes insuficientes en los límites para pagar impuestos como Bienes Personales y Ganancias”, señaló Marina Dal Poggeto, directora del estudio Bein&Asociados. Y agregó que si bien el esquema actual es más progresivo que el de los ’90, hay una falta de objetivos sobre cómo se distribuye lo que se recauda: “es bastante discutible si hay un gasto eficiente y homogéneo que sirva para tender a igualar las oportunidades en la población“.
Para el economista Nicolás Dujovne, el gasto público, hoy del 47% del PBI, es mucho más alto que el de Alemania o los países nórdicos y resulta muy elevado para un país en vías de desarrollo. El problema, aclara, es cómo se financia: “acá hay impuesto inflacionario, que es dañino, y hay impuestos distorsivos”. En particular, señaló los tributos que pesan sobre las exportaciones y las altas tasas de IVA y cargas salariales.
Por su parte, Ramiro Castiñeira, economista jefe de Econométrica, puntualizó que de los 10 puntos de aumento de la presión tributaria sobre el PBI que hubo en los últimos años, 2,8 puntos responden a las retenciones, 2,5 al mayor empleo y al crecimiento de los salarios (reflejo de mayor actividad), y otros dos puntos al impuesto al cheque. Desestimó así el efecto que, en el total de la recaudación, pueda tener la desactualización de Ganancias.