Los radiodifusores se resisten a la apertura del sector.
Una nueva batalla se avizora en las telecomunicaciones mexicanas. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el regulador del sector, prepara la primera licitación de estaciones de radio, destinada a aumentar la competencia y pluralidad en el espectro. El proceso, que ya está en marcha y concluirá en junio de 2017 con 257 nuevas frecuencias, ha inquietado a la poderosa Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT). Los radiodifusores han hecho públicas sus quejas y han criticado la convocatoria hecha por el organismo.
El concurso organizado por el IFT, nacido en junio de 2013 gracias a la Reforma de Telecomunicaciones de Enrique Peña Nieto, pretende otorgar 191 nuevas concesiones en la banda de FM y 66 de AM en poblaciones medianas y pequeñas de 28 Estados de México. El regulador que otorgará nuevas concesiones por primera vez en 20 años ha hecho una oferta a la medida basándose en las solicitudes que han hecho particulares. De esta forma, se pretende evitar el amargo resultado que dejó en 2015 la licitación de señales de televisión, donde uno de los ganadores del concurso destinado a romper el duopolio de Televisa y TV Azteca abandonó el proceso al no poder pagar el dinero ofertado.
“Esta licitación es un buen aliciente para los actuales radiodifusores, que no han tenido competencia y han estado en una zona de confort en la que casi les fueron regaladas 500 frecuencias”, señala Gabriel Sosa Platas, un investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) experto en el sector. Uno de los objetivos del IFT es otorgar frecuencias en plazas donde no existen radios locales. “Eso abre un mercado muy interesante y con muchas posibilidades para que las nuevas estaciones sean exitosas”, agrega Sosa.
Los radiodifusores han puesto peros al proceso. Dicen ver con buenos ojos la competencia, pero han criticado la convocatoria y al instituto. Por muchos años, el sector ha estado concentrado en un puñado de familias. Hace poco, los empresarios lanzaron una amenaza. “Tocaremos todas las puertas en busca de diálogo, pero de no ser atendidos nos haremos escuchar”, dijo Edgar Pereda Gómez, presidente de la CIRT tras una Asamblea General.
Los empresarios agrupados en la cámara calculan que 95 de las 191 estaciones de FM no deberían licitarse. “Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Veracruz son Estados con una gran densidad de frecuencias”, señala Miguel Orozco, director de la CIRT. Orozco dice que la sobreoferta no generará una competencia efectiva. “Chiapas tiene más radios piratas que legales y quieren licitar 29 estaciones en un Estado con índices de pobreza extremos”.
Los radiodifusores también dicen vivir en la incertidumbre porque ignoran “el costo real de las contraprestaciones” que deben cubrir por la explotación de las frecuencias. El pago se introdujo en 2008 y el monto depende de varios factores y de la población que alcanzan las señales. “De la noche a la mañana han cambiado sin previo aviso los factores”, denuncia Orozco. El director pone por ejemplo una estación en la Ciudad de México que el año pasado pagó 14 millones de pesos (760.000 dólares) y que con los nuevos parámetros estaría desembolsando 64 millones (3.4 millones de dólares).
El regulador asegura que ha tratado de atender a las dudas de los radiodifusores. “El Instituto solo ha recibido siete correos electrónicos de concesionarios que solicitaron información”, señala el organismo en respuesta a los empresarios.
“Los argumentos dados por la CIRT no son consistentes ni sólidos”, dice Sosa. “Dicen que viven una situación delicada, pero no ofrecen ninguna información”. La radio, que es escuchada en promedio tres horas diarias por los mexicanos, es uno de los pocos medios tradicionales que no ha visto desplomarse sus ingresos publicitarios. En 2014, recibió el 18% de los 4.100 millones de dólares destinados a la publicidad, según un informe de la consultora EY.
Pero la amenaza de los empresarios ya es pública. “Si no vemos respuesta en el diálogo acudiremos a las vías legales para buscar el amparo y acudiremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque están afectando nuestra libertad de expresión”, dice Orozco. El especialista Gabriel Sosa cree que lo que está sucediendo en México es la “tradicional resistencia del sector a los procesos de apertura”. El pulso entre el Gobierno y los empresarios ya ha comenzado.