Así lo indicó el ex titular de la SIDE en diálogo con la 99.9 sobre el caso de Ariel Zanchetta y todo lo que se está dando a conocer: “todavía no hay ni un 10% de los elementos que están en las memorias de los teléfonos y computadoras“.
La trama que quedó a la luz a partir del espía Ariel Zanchetta sobre la red de espionaje ilegal que lleva adelante el kirchnerismo no es más que una muestra de un sistema que lleva años en marcha.
Así lo dejó en claro a través de sus declaraciones en la 99.9 el ex titular de la SIDE, Miguel Ángel Toma quien explicó que “hay acciones de espionaje ilegal y paralelas que caracterizaron a la construcción del kirchnerismo. Lo que vemos a través de los Zanchettas de la vida, no es más que la culminación de un largo proceso de construcción de sistemas, acciones y actividades paralelas que son lisa y llanamente de espionaje y están penadas por la Ley de Inteligencia. Espero que la justicia, con los elementos consistentes que hay, tire del piolín y traiga todo lo que hay enganchado en esta actividad”.
Lo que explicó el ex funcionario es que no es un proceso nuevo sino que incluso fue financiado por el estado de manera presupuestaria en el Congreso: “hay que recordar que también se financió el espionaje ilegal y paralelo desde el presupuesto nacional. Desde 2010 a 2014 mientras se sustanciaba el acuerdo con Irán, el gobierno envió durante cuatro años un presupuesto por el cuál se desfinanciaba la inteligencia civil, la AFI en este caso, porque se había negado a dejar de apoyar a Nisman en la investigación de la AMIA. Al mismo tiempo se incrementaba el presupuesto de la inteligencia militar que encabezaba Milani y creció en un 136% dentro de un país sin hipótesis de conflicto. Ahí se empezó a constituir esta estructura que se financia desde distintos lugares como también Télam y la AFIP con una cadena de responsabilidades que van desde lo nacional a lo provincial pasando por organismos dedicados a la actividad periodística”.
Ahora, para seguir el camino de como se fue financiando todo el sistema hay elementos que son fácilmente detectables y que Toma señaló que la justicia puede utilizarlos fácilmente: “cualquier funcionario de alto nivel de AFIP que tiene acceso a la base de datos, debe tener un código personal y ahí queda registrado quien lo hace. Cuando, con la excusa de las investigaciones por evasión, se entra a personas que no están siendo investigadas como organismo de control o represión social, ahí se comete un delito. Es fácilmente rastreable y la justicia tendrá que hacerlo. Me decían que todavía no hay ni un 10% de los elementos que están en las memorias de los teléfonos y computadoras”.
La cadena de responsabilidades es muy amplia y si se investiga, seguramente se llega a lo más alto de la cadena del poder argentino y es donde la justicia quizás no quiera llegar: “cuando Claudio Bonadío allana la casa de Cristina Fernández en el Calafate le encuentran una decena de carpetas con información obtenidas ilegalmente porque ningún juez lo había pedido. Había una carpeta sobre la vida y actividades económicas de Carlos Reutemann, otra con la vida personal de los directivos de Clarín, otra donde se investigaba a los que compraban dólares cuando era totalmente legal, estaban las transcripciones de teleconferencias de los directivos de Telefónica, Repsol o General Motors con sus casas matrices. Había una carpeta de todas mis conversaciones telefónicas y las actividades de mi consultora que es de lo que vivo hace 20 años. Todo esto era producto del espionaje ilegal y paralelo”.
Para Miguel Ángel Toma hay tres diferentes tipos de responsabilidades y hasta ahora se avanzó sólo en dos: “los Zanchetta son el primer eslabón, el siguiente son los Fabián “Conu” Rodríguez y los Tailhade que usan esa información para extorsionar y apretar jueces y fiscales. El último eslabón es el poder político al máximo nivel, ahí está la responsabilidad final y última”.