Los manifestantes marchan hacia el Capitolio, mientras otras ciudades del país convocan actos de protesta. “Soy un hombre negro. No tengo los mismos derechos”.
Cincuenta años después de que el Congreso de Estados Unidos redactara sus grandes y admiradas leyes contra la segregación racial, una nueva ola de indignación alcanzó este sábado la orilla del Capitolio de Washington. El motivo fue el hartazgo por la violencia policial, que en los últimos meses se ha cobrado la vida de cinco afroamericanos, y contra un sistema judicial que castiga a la minoría negra. Miles de personas llegadas de todo el país marcharon por las avenidas de la capital hasta el Congreso, donde reclamaron a los legisladores, allí reunidos para aprobar la ley presupuestaria, reformas efectivas para que “la Constitución sea igual para todos”, como proclamó el reverendo afroamericano Al Sharpton, líder de la National Action Network, una de las organizadoras de la protesta.
La manifestación de Washington congregó a los familiares de víctimas como Eric Garner, Michael Brown, Tamir Rice, Akai Gurley y Trayvon Martin. Desde un estrado abarrotado, en medio de una intensa emoción y rabia contenida, no lejos de la Casa Blanca, todos ellos reclamaron justicia. “Esta no es una marcha de la gente negra contra la gente blanca. Esta es una marcha de los americanos, por los derechos de los americanos. No pedimos nada extravagante: solo que se aplique la ley, la Constitución, de igual manera para todos”, proclamó Sharpton, acompañado por la vieja guardia de organizaciones de derechos civiles (Black Women’s Round Table, National Association for Advancement of Colored People o la National Urban League, entre otras). “Puede que nuestros hijos no estén aquí de cuerpo presente, pero están en todos vosotros”, afirmó Gwen Carr, madre de Eric Garner, ante una audiencia entregada pese al frío reinante.
La protesta de Washington, que congregó a miles de personas llegadas en autobús desde Nueva York, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Carolina del Norte, Florida y otros Estados, no fue la única. En ciudades como la propia Nueva York, Boston, San Francisco y otras también hubo concentraciones como culminación de la denominada Semana de la Indignación. La celebrada en Manhattan fue una de las más concurridas.
“Estoy aquí por mi nieto, ya que temo lo que le pueda pasar cuando sea un adolescente. La policía debe estar mejor entrenada para tratar con personas de distintas razas y no utilizar sus armas con tanta facilidad. Ellos son los que deben proteger”, comentó Joy Bailey, una abuela afroamericana de Washington DC.
Michelle Mutisya, estudiante negra del Montgomery Community College, lamentó lo que está sucediendo: “Parece que hayamos retrocedido cien años. Tenemos que avanzar, cambiar el sistema y que la policía responda de sus acciones”. Cerca de ella, Peter Roberts, jubilado blanco de Maryland, considera que “para cambiar primero tienen que cambiar los corazones. Se necesita liderazgo y que los políticos den la cara”.
El objetivo profundo de la manifestación de Washington fue pedir una reacción del Congreso y del Departamento de Justicia ante lo que se considera una policía demasiado violenta, paramilitarizada y un sistema judicial condescendiente con ella. Si la Ley de Derechos Civiles, la Ley de Derechos de Voto y la Ley de Vivienda Justa se aprobaron todas en los años 60 en respuesta a una demanda racial, con la comunidad afroamericana como gran protagonista, en este caso la protesta es transversal. Manifestantes de toda raza y condición, sin filiaciones políticas, volvieron a verse por todo el país.
“La persistencia de un racismo profundo y la consciencia creciente de que las demandas de los negros necesitan cambios estructurales han generado una nueva fase de resistencia blanca en el norte y en el sur”, dijo el reverendo Martin Luther King hace 47 años. Hoy, en 2014, muchos de los concentrados en Washington y en otras ciudades creen que se está viviendo un momento similar. Es lo que califican como Estado 51 de la Unión, el Estado de la Negación. De ahí que la protesta, denominada Justicia para todos, haya tenido a los legisladores de Washington como objetivo.
Recientemente, y como respuesta a lo sucedido en Ferguson y Nueva York, el presidente Obama anunció un grupo de trabajo que elaborará un informe con recomendaciones de reformas concretas en 90 días. Asimismo, prometió fondos federales para que 50.000 policías actúen con cámaras. Sin embargo, el Capitolio sigue sin lanzar ninguna iniciativa.
El congresista por Houston, Texas, Al Green, subió al estrado para prometer que los legisladores afroamericanos como él se van a encargar de que el Congreso dé la respuesta que le han pedido los miles que llevan meses saliendo a las calles.
“Hemos escuchado vuestro grito”, aseguró a los manifestantes. “Vamos a elaborar leyes que lleven a cabo un cambio en las prácticas policiales”, agregó. Pero los activistas no reclaman solo un cambio en la policía. También el sistema judicial debe reformarse para que, entre otros, el Departamento de Justicia tenga autoridad para investigar casos “dudosos” como los de Brown o Garner o se puedan nombrar fiscales especiales en localidades donde los locales no generen suficiente confianza.
“Estamos aquí por las mismas razones por las que Rosa Parks tomó un asiento en un autobús en una ciudad racista del sur y Martin Luther King encabezó marchas (…) estamos aquí porque nos negamos a aceptar la injusticia”, subrayó Green, que unió su voz a la de los manifestantes para que se actúe de una vez. “Este movimiento empezó antes de que naciéramos, pero queremos que acabe antes de que muramos”, resumió.
El pasado jueves hubo una protesta de los trabajadores negros del Congreso. Personal de las Cámaras, asistentes de legisladores e incluso algunos congresistas se congregaron en la escalinatas de la Cámara de Representantes y alzaron las manos para gritar “no puedo respirar”, la ya histórica frase pronunciada hasta once veces por Eric Garner antes de morir asfixiado este verano cuando era detenido por la policía.
El expresidente Bill Clinton, en relación con lo ocurrido, planteó dos cuestiones en una entrevista en el canal en español de CNN. “La primera cuestión es si la ley hizo lo correcto. La otra es cómo podemos mejorar las relaciones en este país entre la policía y la comunidad”.
El expresidente demócrata concluyó su intervención con una reflexión muy común estos días: “El problema es cuando las personas piensan que sus vidas y las de sus hijos no importan, que son desechables, como una servilleta de papel después de un almuerzo en un restaurante. Tenemos que hacer que la gente sienta que sus vidas importan”.
La protesta de Washington, como la mayoría de las celebradas en las últimas semanas, con la excepción de Ferguson, discurrió de forma pacífica. La indignación no es solo racial. Es, más bien, un cuestionamiento de un sistema disfuncional en un país en el que 90 de cada 100 personas tiene algún arma, los muertos “justificados” a manos de la policía se suman por centenares y en el que el Código Penal ha adquirido unas dimensiones desproporcionadas.
Según una investigación de la Rutgers University, el 70% de los estadounidenses ha cometido algún delito sin saberlo. Según la Heritage Foundation, los tipos penales han pasado de 3.000 en 1980 a 4.450 en 2008, una línea que continúa con un nuevo delito por semana, motivo por el cual el sistema envía tanta gente a prisión (más de dos millones, el 25% de la población carcelaria mundial).