El abogado e integrante de Usina de Justicia cuestionó la mirada garantista dominante y sostuvo que el debate sobre imputabilidad lleva más de 15 años sin avances reales, con un Estado que desatiende tanto a las víctimas como a sus propias responsabilidades en el sistema penal.
El abogado Martín Monedero, integrante de Usina de Justicia, se refirió al debate sobre la edad de imputabilidad de menores y advirtió que se trata de una discusión “interminable” en la Argentina, que se arrastra desde hace al menos 15 años sin cambios estructurales. En diálogo con la 99.9, recordó que ya durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se planteaba la posibilidad de bajar la edad a los 14 años, aunque se afirmaba que no era una solución, “y desde entonces seguimos exactamente en el mismo punto”.
Monedero cuestionó la postura de sectores políticos que rechazan la baja de la imputabilidad con el argumento de que no resolverá el delito, y señaló que existe “una distorsión de la idea de solución”. “Pareciera que si el delito no desaparece por completo, entonces no hay que sancionar nada. Con ese razonamiento deberíamos derogar también los delitos de corrupción, porque se siguen cometiendo”, ejemplificó.
En ese sentido, remarcó que el debate no puede reducirse a la idea de encarcelar o no a un menor, sino que debe contemplar el derecho de las víctimas. “Nadie discute que el imputado tenga derecho a un proceso justo y a una pena en condiciones dignas, pero también existe un derecho de la comunidad y de la víctima a que los delitos sean sancionados y prevenidos a través de la justicia penal. Ese derecho pareciera no importar, como si fuera un derecho de segunda”, afirmó.
El abogado también apuntó contra la visión que justifica el delito desde factores estructurales o sociales. “Nadie niega que el delito tenga causas económicas, sociológicas o morales. Pero mientras trabajamos en esas soluciones de fondo, el derecho penal tiene que cumplir su función. Si empezamos a considerar víctimas a quienes transgreden la ley, se mezclan los planos y se termina justificando cualquier delito”, sostuvo.
Monedero fue crítico además con el funcionamiento de los institutos de menores en la provincia de Buenos Aires y señaló que existe “una comedia montada” en torno al sistema. “Los mismos sectores que dicen que los institutos funcionan mal son los responsables de que funcionen así. Es una responsabilidad directa del Poder Ejecutivo dotarlos de recursos humanos y económicos. Denuncian el problema, pero no aplican la solución que tienen en sus manos”, indicó.
Finalmente, sostuvo que este enfoque garantista se arrastra desde hace décadas y ha permeado tanto en la academia como en amplios sectores del sistema judicial. “Hoy domina de manera mayoritaria, pero cada vez somos más los operadores de la justicia que vemos que esto es una farsa, y que los resultados de estas políticas están a la vista”, concluyó.