El presidente pide la prisión domiciliaria para los reos mayores de 70, lo que incluiría a los militares de la dictadura (1973-1985).
El presidente de Uruguay, José Mujica, ha vuelto a mostrarse favorable a la prisión domiciliaria para los reos mayores de 70 años, lo que incluiría a los militares condenados por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura (1973-1985). A menos de cuatro meses de entregar la banda presidencial a un sucesor, que será elegido en segunda vuelta el 30 de noviembre, Mujica —electo Senador el pasado 26 de octubre— tiene la intención de pedirle a la Corte Suprema que acepte la liberación de los presos de edad avanzada. Actualmente, la ley contempla esa medida de clemencia con la excepción de los crímenes “especialmente agravados”, como las violaciones de los derechos humanos.
“No quiero tener viejos presos. Viejos de 75, 80 años. Pero no sólo militares, ningún preso de esa edad”, dijo el exguerrillero recientemente. A inicios de año, llegó a declarar: “No peleé para tener ancianos presos”.
De concretarse, la iniciativa beneficiaría a varios militares que cumplen condena en la cárcel de Domingo Arena, situada dentro de un cuartel militar donde reciben un trato especial. Entre ellos, el torturador José Nino Gavazzo, enfermo de cáncer, el general Miguel Dalmao y el coronel retirado Ernesto Ramas, ambos con problemas de salud.
Destacados políticos y dirigentes del Frente Amplio, la formación de Mujica, han rechazado la iniciativa, como el diputado Felipe Michelini, hijo de Zelmar, asesinado en Buenos Aires durante la dictadura. Macarena Gelman, recién electa diputada y nieta del poeta argentino Juan Gelman e hija de desaparecidos, no quiso dar declaraciones, ya que aún se desconocen los detalles de la propuesta.
No obstante, otros dirigentes de la izquierda, como el diputado Jorge Orrico, defendieron la propuesta. “Desde el punto de vista jurídico la iniciativa puede prosperar. Una medida de este tipo se justifica por razones humanitarias y es lo correcto con gente octogenaria que tiene problemas salud. En un país civilizado, la pena máxima es la pérdida de libertad. Eso puede hacerse en una cárcel o en casa. Imponer prisión domiciliaria es una pena muy severa porque el individuo queda marginado a los metros cuadrados que tenga su casa y de ahí no puede moverse. Estamos ante un castigo y ante un castigo civilizado”, sostiene.
Para el abogado Jorge Pan, veterano defensor de las familias de desaparecidos, “está claro que Mujica considera que esta gente no va a hablar más”. El abogado se refiere al pesado silencio de los militares respecto al paradero de los cerca de 170 desaparecidos de la dictadura. “No son unos pobres viejitos. Cada vez que han tenido que hablar han justificado lo que hicieron y han mostrado una gran soberbia. Para que obtuvieran cualquier beneficio tendría primero que pedir perdón a los familiares y luego decir la verdad”, añade.
Los familiares de los desaparecidos temen no saber nunca el paradero de sus allegados. Ante el silencio de los militares, han promovido excavaciones en predios militares para encontrar restos humanos. En 2011, el hallazgo de los restos del maestro Julio Castro, ejecutado en 1977, generaron una gran conmoción en el país.
En Uruguay hay precedentes de prisión domiciliaria para exintegrantes del Gobierno militar. El expresidente de facto Juan María Bordaberry, padre del candidato presidencial Pedro Bordaberry —eliminado en primera vuelta—, falleció en su casa en 2011 cumpliendo una parte de su condena de 30 años por crímenes contra la humanidad.