Reconocido como un activo defensor de los derechos humanos y por oponerse a la Ley de Obediencia Debida, falleció luego que el auto en que viajaba impactara contra otro en Olavarría.
Hugo Cañón, nacido en Bahía Blanca en 1947, fue reconocido como un activo defensor de los derechos humanos, tras integrar la Comisión por la Memoria bonaerense junto al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
Además, cuestionó en 1987 la Ley de Obediencia Debida por inconstitucional, disposición legal dictada durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que estableció una presunción respecto de que los delitos cometidos por los subordinados durante la última dictadura militar en Argentina no debían ser juzgados por obedecer a las órdenes de sus superiores.
El choque en donde murió junto a otras tres personas se produjo en el kilómetro 496 de la ruta 51, cerca de la localidad de Santa Luisa, en el partido de Olavarría, y entre los fallecidos había un menor de edad.
Cañón, de 68 años, viajaba como acompañante en un Volkswagen Golf que, por causas que se desconocen, impactó contra una camioneta Volkswagen Saveiro.
El automóvil, en el que además de Cañón se encontraban sus dos nietos menores de edad, era conducido por un hombre de apellido Gaona, agregó la información policial.
Gaona y uno de los chicos fueron atendidos en hospitales de Olavarría y Laprida en grave estado.
El jefe de guardia del Hospital de Laprida, Daniel Bellini, precisó que el menor fallecido es nieto del ex fiscal, y aclaró que los dos pacientes trasladados están “politraumatizados pero bien desde el punto de vista general. No presentan riesgo de vida”, dijo.
En declaraciones al canal TN, Bellini señaló que el siniestro se produjo “aproximadamente a las 14” de hoy, y que uno de vehículos “se cruzo de carril, pero no saben si se durmió”, subrayó.
Fuentes policiales informaron a la prensa de Bahía Blanca que, además del ex fiscal, falleció su nieto, que viajaba en el Golf, y otras dos personas que iban en la Saveiro.
Con una extensa trayectoria en materia de derechos humanos, siendo fiscal general en la Justicia Federal de Bahía Blanca en 1987 impugnó la ley de Punto Final y luego lo hizo con los indultos, desafiando las expresas instrucciones que el gobierno de Carlos Menem hizo cumplir en todas las jurisdicciones del país.
A finales de los -90 impulsó el Juicio por la Verdad en Bahía Blanca, formando una comisión integrada por militantes de derechos humanos, de forma tal que puso nuevamente en marcha las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en el V Cuerpo de Ejército.
Desde su ingreso a la Comisión Provincial por la Memoria promovió la tarea de investigación sobre la memoria colectiva, de resguardo de los archivos y de denuncia sobre las condiciones de privación de libertad violatorias de derechos, que imperaban e imperan en la Provincia de Buenos Aires.