La abogada Victoria Villarruel, preside el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELVYT) y habló esta mañana en la 99.9 sobre el trabajo que llevan adelante para que las víctimas de las agrupaciones terroristas de la década del 70 tengan un reconocimiento. “Este discurso y esta política omiten reconocer al grupo de 17.382 víctimas directamente agredidas y sus grupos familiares”, indicó sobre el gobierno de Cristina Fernández.
La década del 70 ha dejado muchas víctimas en el país, pero algunas no están reconocidas de la misma manera que otras. Esto es lo que contrasta el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), en su lucha constante para que las víctimas de atentados terroristas en aquellos años, encuentren un reconocimiento.
Esta mañana, su fundadora y directora, la Dra. Victoria Villarruel habló en la 99.9 sobre el trabajo que realizando y destacó que “la causa de las víctimas del terrorismo han tenido muy pocos defensores, pocas personas se ocuparon de saber cuál es la situación de los argentinos y extranjeros que en la década del 70 fueron agredidos por distintas organizaciones terroristas, pero principalmente por Montoneros y el ERP”.
Su historia está ligada a hechos de este tipo y se vio en la obligación de hacer algo. “Soy abogada, mi familia fue agredida por el terrorismo. A partir de ahí, fue un tema recurrente en nuestras charlas. En el 2003 decido crear una ONG que contenga a estas víctimas y luche por sus derechos humanos. En 2006 se crea el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), trabajamos diariamente por estas personas que no tienen voz”, remarcó.
En la actualidad, lo que anuncia el gobierno nacional y la forma de actuar políticamente parecen no coincidir plenamente. En principio, porque nunca se ha hablado de aquellos que sufrieron los atentados de las agrupaciones en cuestión. “Todas las políticas de derechos humanos se acotan a los delitos de lesa humanidad, los discursos de la presidenta y sus funcionarios son similares a la de los 70 cuando era parte de un bando o del otro. Este discurso y esta política omiten reconocer al grupo de 17.382 víctimas directamente agredidas y sus grupos familiares. Ninguna tiene el reconocimiento de sus derechos humanos”, aseguró Villarruel.
Incluso dio a conocer un dato poco conocido y que sucedió hace un poco más de dos meses atrás. “El relato sostiene la impunidad de quienes fueron terroristas, que nunca sus nombres sean declarados y por el contrario se los indemniza y se les otorgan pensiones. Durante el mundial se reguló la ley que permite otorgarle a 10.000 personas que fueron detenidas durante los 70 por la comisión de actos terroristas una pensión de por vida de 6.000 pesos”, reveló.
Este oneroso gasto de más de 6 millones de pesos, no hace más que profundizar las distancias entre unos y otros. “Son personas que a su vez han sido indemnizadas por los abusos que han sufrida, uno duda si son políticas de estado o bien un gran negociado”, agregó la abogada.
Por eso seguirán reclamando, buscando la forma de equiparar derechos entre todos y pidiendo a los argentinos que también tomen la causa como propia. “Si vamos a hablar de derechos humanos y justicia social, pensemos que hay miles de ciudadanos que hace 40 años esperan el reconocimiento. Para eso es fundamental el compromiso de la sociedad”, puntualizó.