Se trata de Amira Osman Hamed, activista sudanesa por los derechos de las mujeres. Será llevada a juicio el próximo 4 de noviembre “por vestir indecentemente”, su delito fue no llevar pañuelo en la cabeza. Si la encuentran culpable, podría
recibir hasta 40 latigazos.
El pasado 27 de agosto, Amira fue detenida por la Policía de Orden Público. La mujer de 35 años se había negado a cubrirse el cabello con un pañuelo. Por tal motivo, la acusaron de llevar “indumentaria indecente”, bajo el artículo 152 del Código Penal sudanés de 1991. Si bien quedó en libertad bajo fianza, el próximo 4 de noviembre será llevada a juicio.
Amira ya había sido acusada y condenada en 2002 por llevar pantalones, y tuvo que pagar una multa. En Sudán, el hecho de que las mujeres lleven otra vestimenta que no sea que la rige el Código Penal, es sancionado con multas o penas.
Aministía Internacional lanzó un petitorio en todo el mundo para que las autoridades sudanesas detengan la pena que le quieren imponer a Amira. En este caso, podrían ser hasta 40 latigazos. El sitio en Argentina es http://www.amnistia.org.ar/40latigazos
En Sudán, la flagelación de mujeres por llevar “indumentaria indecente” se ha hecho pública principalmente con el caso de la periodista Lubna Hussein, arrestada en un restaurante en Jartum por “vestir ropas obscenas”. De las 13 mujeres detenidas, 10 fueron inmediatamente condenadas a azotación pública. Entre ellas, una chica de 16 años y dos de 17.
Lubna Hussein se declaró inocente e invitó a 500 periodistas y amigos para que asistieran a su juicio. Un grupo de activistas se manifestaron en las puertas del juzgado el día del juicio, por lo que Lubna fue sentenciada a pagar 500 libras y cumplir un mes de cárcel. La multa fue pagada por el Sindicato de Periodistas, en contra de la voluntad de Lubna, que se había negado a pagar y fue liberada el día siguiente.
Después de haber sido acusadas por ir de picnic con amigos varones en 2003, ocho mujeres demandaron al gobierno por ser flageladas en público con un látigo de alambre y plástico. A raíz de este hecho, la Comisión Africana ordenó a Sudán que modificara el artículo 152 afirmando que la flagelación equivalía a una tortura sancionada por el Estado. Según AI, el gobierno aún no ha adoptado ninguna medida para modificar la ley.