El secretario general del SIMAPE, Pablo Trueba, cuestionó la reforma laboral impulsada a nivel nacional y presentó un amparo judicial. Denunció pérdida de derechos, debilitamiento de convenios colectivos y restricciones al derecho a huelga.
El secretario general del SIMAPE, Pablo Trueba, confirmó la presentación de un amparo judicial contra la reforma laboral al considerar que afecta gravemente los derechos de los trabajadores embarcados. En diálogo con la 99.9, detalló los principales puntos en conflicto y advirtió sobre sus consecuencias en el sector pesquero.
“El principal caso es que a nosotros nos excluyen de la Ley de Contrato de Trabajo. Nos mandan a la Ley de Navegación pura y exclusivamente”, explicó. Si bien reconoció que esta normativa siempre formó parte del régimen del personal embarcado, remarcó que se trata de una legislación desactualizada: “Es una ley del año 73, del gobierno de Lanusse, que a su vez remite a otra del año 67, de Onganía, cuando la pesca era muy incipiente y no industrial como es hoy”.
En contraste, destacó la importancia de la Ley de Contrato de Trabajo: “Las leyes laborales que se aplicaban al personal embarcado se empezaron a regir fuertemente cuando salió la ley en el año 74, de donde surgen todos los convenios en el 75”. Por eso, consideró inconstitucional su exclusión: “La Constitución dice que todo trabajo en sus formas va a ser protegido por las leyes, y a nosotros nos sacaron la ley principal”.
Para graficar el impacto, mencionó un caso reciente: “Un tripulante con 20 años de antigüedad tuvo una parálisis cerebral. Si no fuera por la Ley de Contrato de Trabajo, no teníamos cómo encauzarlo para que pudiera cobrar un salario mientras se recupera”. Y agregó: “Hoy está amparado en nada, porque esa ley ya no está y la Ley de Navegación no dice nada de eso”.
Otro de los puntos cuestionados es la pérdida de la ultraactividad de los convenios colectivos: “Cuando un convenio se vence, mientras no haya uno nuevo, sigue rigiendo el viejo. Ahora eso se pierde”, indicó. Y advirtió sobre el riesgo que implica: “Si no hay voluntad de negociar, el convenio se cae y pasa a regir el contrato de ajuste, dejando mano a mano al empleador con el empleado”.
En ese sentido, subrayó la desigualdad en esa relación: “El poder siempre está del lado del empleador. Los convenios colectivos daban un manto de equilibrio, una regla pareja para todos”. Sin embargo, señaló que la reforma invierte esa lógica: “Hoy cualquier acuerdo inferior vale más que una regla superior”.
El tercer eje del reclamo apunta a las limitaciones al derecho a huelga: “Nos limita la posibilidad de reunirnos en asamblea si tenemos que tomar una medida de acción directa”, afirmó. Además, cuestionó la exigencia de garantizar un funcionamiento mínimo: “Te obligan a garantizar el 50% del funcionamiento del establecimiento, o sea, no tendrías un derecho real a protestar”.
Trueba también criticó la falta de consenso en la elaboración de la norma: “Jamás nos consultaron a los gremios. Sí se reunieron con algunos empresarios, no con todos, para que nos sacaran de la Ley de Contrato de Trabajo”.
En paralelo, alertó que la reforma forma parte de un proceso más amplio que también podría afectar a los empresarios: “Este gobierno va por los sindicatos, pero también va a ir por los empresarios, sobre todo en la pesca”. En ese sentido, mencionó posibles cambios en la Ley Federal de Pesca y advirtió sobre el riesgo de nuevas licitaciones o modificaciones en el esquema de explotación.
Si bien reconoció algunos puntos debatibles en materia judicial, aclaró: “Puede haber cuestiones a corregir, pero que no sea una excusa para barrer con otros derechos”.
Por otra parte, cuestionó el silencio del arco político frente a la situación del sector: “Hemos notado un silencio tremendo. La pesca no se tiene en cuenta”, aseguró. Y fue particularmente crítico a nivel local: “El intendente nunca se preocupó por el puerto, jamás lo pisó. Mar del Plata tiene un 35% de su producto bruto vinculado a esta actividad”.
Finalmente, vinculó la aprobación de la reforma con acuerdos políticos: “Para que esta ley existiera, los votos de los senadores estuvieron por orden de los gobernadores a cambio del impuesto a las ganancias”. Y concluyó con dureza: “Parecía que vender un título era más importante: ‘Argentina logró su reforma laboral’, cuando en realidad no hacía falta una reforma como esta y termina perjudicando a los trabajadores”.
En ese marco, reafirmó la postura del gremio: “Estas tres cuestiones —la exclusión de la ley, la caída de los convenios y la limitación al derecho a huelga— nos parecen totalmente inconstitucionales”.