El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha el programa a fines del año pasado con el objetivo principal de erradicar la comercialización abierta en barrios populares, especialmente de pasta base.
La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires se replantea el enfoque de la lucha contra el narcotráfico. Con la mira puesta en el “mercado de las drogas”, el Ministerio Público Fiscal porteño desarrolló un plan experimental para combatir el negocio del narcomenudeo en los barrios populares de la Capital menos con la idea de encarcelar vendedores de poca monta que de liberar el territorio y a sus habitantes de la distribución de estas sustancias.
El proyecto, que comenzó a fines del año pasado con un trabajo de infiltración, detección y detención de vendedores de pasta base en el barrio Ciudad Oculta se llama Programa de Intervención en el Mercado de Drogas (IMD) y tiene como objetivo principal erradicar los mercados abiertos de venta en barrios populares, reducir la violencia y recuperar espacios públicos tomados actualmente por estos mercaderes.
En el Ministerio Público Fiscal están convencidos de que es una política innovadora cuyo eje central es la disuasión a los “transas” sin antecedentes que venden en las casas, las plazas y las calles de los barrios populares con el fin de eliminar esos búnkeres y reducir los principales daños colaterales asociados a la venta ostensible de sustancias.
Las autoridades hablan de “disuasión focalizada”, un modelo inspirado en experiencias exitosas llevadas a cabo en diversas ciudades de Estados Unidos y recientemente en el barrio Las Condes, en Santiago de Chile. Este sistema diferencia los roles dentro del narcomenudeo.
Favorece la persecución penal de los “actores clave” de la organización -los jefes, los que tienen antecedentes, los que están prófugos o son violentos- y contempla un tratamiento especial, diferencial, para los vendedores sin prontuario o para familias que encuentran una salida laboral en un contexto de necesidad.
“Es un programa que pretende desmantelar el mercado abierto de las drogas en los barrios, dificultar el acceso a la sustancia y recuperar el espacio público para la comunidad. Se basa en tres etapas: la investigación, la intervención y el control”, explicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal a Infobae.
El MPF creó una unidad especializada, a cargo de la fiscal Cecilia Amil Martin, que empezó a trabajar exclusivamente sobre investigaciones de fondo en los territorios y no con casos aislados de tenencia de drogas que trae normalmente la Policía después de procedimientos en flagrancia en la vía pública. Es un cambio de paradigma que esquiva la forma tradicional de “engorde” de estadísticas de la supuesta lucha contra el narcotráfico y fija el objetivo en una zona determinada con la idea de desterrar la comercialización.
“Dejamos de detener consumidores, que con el viejo modelo se supone que llevan a la cadena narco que hay detrás de manera atomizada y, en base a un diagnóstico del territorio, ‘tomamos’ el lugar y lo gobernamos”, explicaron fuentes del Ministerio, que trabaja en conjunto especialmente con dos áreas del Poder Ejecutivo porteño, los ministerios de Seguridad y Desarrollo Humano.
Con esa premisa, el primer desembarco del Programa de Intervención en el Mercado de Drogas fue en Ciudad Oculta, en Villa Lugano, a finales del año pasado. A partir de la información aportada por diversas fuentes reservadas, la fiscal “tomó” el barrio y agentes encubiertos de la Policía de la Ciudad comenzaron a recorrer la zona para mapear el territorio de conflicto e identificar los puntos de venta.
La fase 1 del programa tiene como protagonista al “agente revelador”, que no es otra cosa que un policía que se “disfraza” de comprador y detecta en el lugar la modalidad de entrega y junta pruebas -muchas veces con cámaras ocultas- de que allí se comercializan drogas.
El grupo de trabajo que se conforma para este estadio de trabajo identifica las calles, plazas o casas donde se venden drogas, se investiga el grado de disturbios, violencia o criminalidad en esas zonas (los “puntos calientes”) y se investigan las características del mercado de drogas: el tamaño, los tipos de sustancias que se venden, la procedencia de vendedores y compradores.
“La identificación de los vendedores es importante pero también con qué frecuencia venden, qué rol tienen dentro de la organización, si ellos mismos son consumidores compulsivos y si cometen usualmente otros delitos”, explican los investigadores, conscientes de que el desafío de este proyecto es enfrentar la capacidad de “reproducción” de los clanes de distribución y que, lo que sacan de un lado no crezca inmediatamente en la otra cuadra.
Una vez que los agentes juntaron información suficiente de todo el territorio, que les permite tener una radiografía casi exacta de dónde y cómo se venden las sustancias, se piden los allanamientos simultáneos.
En el caso de Ciudad Oculta se llevaron a cabo 35 allanamientos el 24 de noviembre pasado y se detuvieron a 19 personas. En los operativos se secuestraron más de 500 dosis de pasta base, cocaína y marihuana prensada, un arma calibre 9 milímetros con municiones, 24 teléfonos celulares y más de dos millones de pesos.
Uno de los aspectos más novedosos se da en lo que los investigadores de la Fiscalía General porteña llaman “persecución penal estratégica” y que tiene que ver con clasificar a los detenidos en dos grupos: los vendedores cuyas conductas son calificadas como graves por su peligrosidad o participación en delitos violentos, o su jerarquía en la organización, son inmediatamente arrestados y se les inicia un proceso penal riguroso. Esto es que se busque una prisión preventiva, una condena abreviada de cumplimiento efectivo o incluso una medida cautelar como la expulsión del barrio.
Los vendedores cuyas conductas son calificadas como moderadas o leves son seleccionados para la intervención. Se les abre una investigación pero queda en suspenso. Así fue en el caso de Ciudad Oculta. El 6 de diciembre las autoridades del MPF convocaron a los imputados a una reunión en los Bomberos del barrio donde se les comunicó de manera clara y contundente que deben terminar de una vez y para siempre con la venta de drogas y se les advirtió que las consecuencias de no hacerlo son las penas de prisión efectiva que la ley establece y que van de cuatro a 15 años de encierro.
En Lugano, la fiscal Amil Martin les mostró en un video y les entregó una carpeta a cada uno con las pruebas que había en su contra: fotos, videos, información reservada. Y les advirtió que si no desistían de esa actividad criminal les cabía la prisión. De esta fase del plan también participan áreas de desarrollo social del Poder Ejecutivo, que deben aportar una serie de políticas para ayudarlos en este proceso, desde apoyo económico hasta ofertas de trabajo y diversos planes sociales.
“Ustedes vinieron a escuchar lo que el Estado tiene para ofrecerles a cambio de que no se vean otra vez implicados en la venta de droga. La comercialización de la droga es un delito grave”, les advirtió la fiscal a fines del año pasado a los 10 imputados que asistieron a la reunión en Ciudad Oculta.
Los vendedores imputados no son arrestados en ningún momento. Se enteran de que están implicados en los casos de investigación por una carta, donde se les comunica que las autoridades están al tanto de su actividad ilegal y que tienen pruebas para iniciar una persecución penal. Entonces se los invita a la reunión y se les garantiza que no serán arrestados. Pero que si no asisten, sí podrán ser detenidos.
Después de eso, el trabajo consiste en hacer un seguimiento de los implicados para controlar que no reincidan en el negocio de las drogas y se aumenta de manera visible la presencia policial en el barrio. A quienes se encuentra de nuevo dentro del mercado de venta se les inicia un proceso penal y se activa un castigo efectivo. Además, se abre una línea privada y confidencial de WhatsApp para que los vecinos puedan denunciar si ven que la actividad de la venta de drogas en el barrio se reactiva.
“Además se implementan programas sociales para ayudar a los vendedores que han decidido abandonar la venta de drogas”, aclaró una fuente del Ministerio Público, a cargo de Juan Bautista Mahiques, y agregó: “Hay numerosos estudios empíricos, cuantitativos y cualitativos, que han verificado que los programas IMD son efectivos para erradicar el mercado abierto de drogas y reducir la criminalidad en el área de intervención, además de mejorar la relación entre los agentes policiales y los miembros de la comunidad. En nuestro modelo, el argentino, la idea es reducir el acceso al paco todo lo que se pueda. Cuanto más lejos de las casas de los vecinos del barrio, mejor”.