Ante la ola de crímenes se plantea la controvertida pregunta: ¿debe darse a los agentes más poderes para cachear, aunque no haya pruebas contundentes, a todo el que consideren sospechoso?
La preocupante ola de asesinatos con cuchillo que se vive en la capital británica ha hecho que, por primera vez en dos años, en Westminster se hable de otra cosa que no sea el Brexit. Quince personas han sido apuñaladas desde enero. La última víctima, el hispano-colombiano David Martínez, de 26 años, asesinado el miércoles en el barrio de Leyton, en una supuesta reyerta con un compañero de piso.
En este escenario, se plantea la controvertida pregunta: ¿debe darse a los agentes más poderes para cachear, aunque no haya pruebas contundentes, a todo aquel que consideren sospechoso?
La Policía ha pedido a la ‘premier’ Theresa May que se reintroduzca en su plenitud la llamada “stop and search” (parar y registrar), una polémica medida muy criticada en su momento, al considerarse que se utilizaba de manera desproporcionada contra las personas de raza negra y otros grupos minoritarios.
En 2014, cuando May estaba al frente del ministerio del Interior con el Ejecutivo liderado por David Cameron, introdujo una serie de restricciones. Pero ahora que es ella la que está en Downing Street, podría verse obligada a realizar nuevos cambios.
En la página oficial de Scotland Yard se describe “stop and search” como “una táctica policial operativa en la prevención, investigación y detección de delitos”, aunque se reconoce puede ser una “intrusión importante en la libertad personal y privacidad” del ciudadano, por lo que los agentes se comprometen a “garantizar” que cuando sea necesario “detener y registrar a una persona, se lleve a cabo de manera legal, proporcionada y explicable” en un país donde, para no violar la privacidad, ni siquiera existe el DNI.
En Inglaterra y Gales, esta técnica disminuyó de 1,4 millones en 2010 a alrededor de 282.000 entre 2017-2018. Pero, al mismo tiempo, las cifras del Ministerio del Interior muestran que los registros realizados en lugares donde la Policía no tenía “motivos razonables” para sospechar que alguien poseía drogas ilegales, armas o propiedad robada se cuadruplicaron de 631 en 2016-17 a 2.501 en 2017-18. Aunque la tercera derivada viene cuando las cifras muestran cómo los asesinatos, delitos con armas blancas y de fuego han aumentado a medida que han disminuido este tipo de detenciones.
Los críticos con las restricciones impuestas en 2014 denuncian que ahora hay más jóvenes dispuestos a portar armas o drogas porque ya no temen que la Policía los registre. En este sentido, David Wilson, profesor emérito de criminología en la Universidad de la Ciudad de Birmingham, asegura que las comunidades más afectadas por delitos violentos, como los ataques con cuchillos, quieren que los agentes utilicen el “stop and search” con mayor frecuencia.
Con todo, son muchos los que atribuyen el problema de los apuñalamientos a la austeridad impuesta por la anterior administración en 2010, que llevó a realizar importantes recortes en Servicios Sociales y Policía. Y en este sentido, May no puede lavarse las manos porque, de nuevo, era ella precisamente la que estaba al frente del ministerio del Interior. Desde 2010, los fondos para Policía se han reducido en casi un 20%, lo que ha resultado en 20.000 agentes menos patrullando las calles británicas. Aunque los expertos también apuntan a otros factores, como las guerras entre bandas que existen por el control del tráfico ilegal de drogas.
En cualquier caso, esta no es la primera vez que la capital británica se topa con lo que muchos llaman ahora epidemia de criminalidad. En 2008, ya morían como media dos menores de 20 años cada mes. Como ocurre ahora, los ataques ya entonces no eran tímidos. No se limitaban a callejones escondidos sin luz. En mayo de aquel año, un joven de 20 años fue acuchillado a las cinco de la tarde en la céntrica zona de Oxford Street, plagada de turistas. El número de jóvenes que perdió la vida en los seis primeros meses de 2008 fue el más alto desde 1998.
En definitiva, los crímenes con cuchillo llevan siendo desde hace mucho tiempo un volcán y cada año se vive una réplica que alarma a la sociedad. Aunque 2018 ha sido uno de los peores: hubo un récord de homicidios con arma blanca en el Reino Unido, con un total de 135. Por primera vez en la historia contemporánea, Londres registró más asesinatos que Nueva York, lo que llevó al Gobierno y también al alcalde de la capital británica, el laborista Sadiq Khan, a poner en marcha varias medidas y considerar la situación como un problema de “salud pública”.
En este sentido, Sheldon Thomas, de 55 años, origen jamaicano y fundador de Gangsline -una consultora que trabaja activamente con el Ejecutivo y Scotland Yard para prevenir la criminalidad de las bandas- lleva años advirtiendo que existe un problema en las calles.
Su vida cambió cuando sólo tenía 20 años. Estaba a punto de subir al escenario para actuar en un concierto en Brixton, al sur de Londres. “En un momento dado estás hablando con tu amigo y al instante siguiente le vuelan la cabeza y quedas cubierto con su sangre”, explicaba en una entrevista concedida a El Confidencial. Para entonces, Sheldon ya era líder de una las bandas más violentas de la capital británica. “Te metes con 11 años, a los 15 o antes llevas pistola y haces dinero con la droga. Torturas a gente, te sientes respetado y sobre todo protegido”, asegura. “Los políticos deben confiar en nosotros, trabajar con gente que realmente esté en contacto con estos chicos. De lo contrario, no habrá un cambio real”, matizaba.
En Londres, el problema afecta a toda la ciudad. No hay un distrito específico. En cada barrio, las calles inundadas por viviendas valoradas en más de un millón de libras se cruzan con otras donde los chicos de ocho años empiezan a consumir drogas para olvidar los problemas que tienen en casa. Son realidades paralelas que, como tal, nunca acaban juntándose en ningún punto.
El número de menores de 16 años que han tenido que ser tratados por puñaladas se ha duplicado en los últimos cinco años, mientras que los robos a punta de cuchillo aumentaron un 50%, según datos difundidos por Channel 4.
Como iniciativas para afrontar el problema, el Ejecutivo ha destinado ahora 200 millones de libras (233 millones de euros) a un fondo para jóvenes, ha encargado un estudio sobre el posible vínculo entre las drogas y el aumento de los ataques y prepara cambios en la ley para aumentar las penas para los ataques con cuchillos y con sustancias ácidas. El año pasado, el Ejecutivo ya presentó una nueva estrategia valorada en 40 millones de libras (46 millones de euros) para combatir la ola de criminalidad con especial atención en los “social media”. Pero ha quedado probado que es un problema difícil de atajar.
* Este artículo está escrito por Celia Maza (Londres), pero incluye una firma genérica porque corresponde a una periodista que hoy apoya el movimiento 8-M.