A cuatro meses de su deportación, los opositores fueron notificados sobre “la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles” inscritos en los registros públicos.
El gobierno de Nicaragua ordenó la confiscación de “todos los bienes inmuebles” de 222 opositores políticos excarcelados y deportados a Estados Unidos el 9 de febrero anterior, a través de una sentencia de la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelaciones divulgada en Managua el viernes (09.06.2023).
El fallo tiene fecha del 19 de mayo, pero fue dado a conocer en esta fecha en que se cumplen cuatro meses de la excarcelación y destierro forzado de los 222 “presos políticos”, entre ellos siete exaspirantes a la presidencia, abogados, exguerrilleros sandinistas, defensores de derechos humanos y periodistas críticos al gobierno deDaniel Ortega.
Según el texto judicial, los exprisioneros fueron declarados “traidores a la patria”, despojados de su nacionalidad nicaragüense y deportados, tras ser condenados por “cometer actos de menoscabar la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo” y por “incitar a la violencia, el terrorismo y la desestabilización económica”.
La sentencia ordena “la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles que los condenados tengan inscritos” en los registros públicos, “en su carácter personal o de persona jurídica”.
Además de las propiedades, se les confiscarán “todas las acciones y sociedades mercantiles” que puedan poseer, “para que respondan por los delitos cometidos y con el propósito de garantizar la paz social, la independencia, la soberanía (y) la autodeterminación del Estado de Nicaragua”, señaló el informe oficial.
En febrero, tras la expulsión de los excarcelados, el gobierno ordenó confiscar las propiedades de otros 94 opositores, en su gran mayoría exiliados, como los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, y los exguerrilleros sandinistas Mónica Baltodano y Luis Carrión, que también fueron despojados de su nacionalidad y de sus pensiones de vejez.
La opositora excarcelada Tamara Dávila, una de las afectadas con la confiscación de bienes, dijo a la agencia AP que la medida “es completamente ilegal desde cualquier punto de vista”. Agregó que “en términos políticos, sólo es la muestra de un régimen que está en decadencia, que debe recurrir al robo descarado para mostrar fuerza”.
Por su parte, el líder estudiantil Léster Alemán, también excarcelado en febrero, denunció el hecho vía Twitter y llamó “desquiciado” a Ortega.
Nicaragua vive una grave crisis política y social desde abril de 2018, cuando protestas cívicas fueron reprimidas con violencia por policías y paramilitares que dejaron 355 civiles muertos, más de 2.000 heridos y al menos 100.000 exiliados.