El concejal Pablo Obeid advirtió que el actual sistema beneficia ampliamente a la Universidad de San Martín, cuestionó la falta de transparencia y pidió discutir el esquema antes de su renovación automática.
El concejal de General Pueyrredón, Pablo Obeid, planteó la necesidad de revisar de fondo el sistema de fotomultas en el distrito y reclamó avanzar hacia una licitación abierta que permita mejorar la transparencia y los ingresos municipales, en un contexto de fuerte déficit.
“El tema de las fotomultas fue bastante controvertido cuando se instaló y ahora hay que tomar una decisión porque el convenio vence a fin de año”, explicó en la 99.9. En ese sentido, advirtió que si no hay intervención del Concejo Deliberante, “se renueva automáticamente”, algo que desde su bloque buscan evitar para abrir el debate.
Obeid detalló que el esquema actual distribuye los ingresos de manera desigual: “De cada 100 pesos que se pagan de multa, 20 van a la provincia, 56 para la universidad y 24 para la municipalidad”. A partir de esos números, subrayó que “el año pasado al municipio le ingresaron 1.170 millones de pesos” y que para este año se proyectan “unos 1.400 millones”.
Sin embargo, el foco de la crítica está puesto en lo que percibe la Universidad Nacional de San Martín: “Estamos hablando de unos 3.200 millones de pesos por administrar algo que no está muy claro cuánto trabajo implica”, cuestionó. Por eso, insistió en que “ese porcentaje es demasiado alto para una tarea que estoy convencido que tiene que salir muchísimo menos”.
En esa línea, sostuvo que los convenios con universidades fueron utilizados como mecanismo para evitar licitaciones: “Servían para esquivar los procesos abiertos y tradicionales”. Frente a eso, propuso que “las empresas del rubro puedan ofertar y que le queden más recursos a la municipalidad”.
Aclaró, no obstante, que el planteo no implica eliminar el sistema: “No estamos planteando sacar la fotomulta. La seguridad vial es un tema importante, con más de 4.000 fallecidos por año en Argentina”. Pero remarcó que su finalidad debe ser otra: “Tiene que ser una herramienta para cambiar conductas y no una herramienta de recaudación”.
El concejal también vinculó esta discusión con un esquema más amplio de gestión: “En la gestión de Montenegro se tercerizaron un montón de acciones y no queda claro qué pasa con los recursos”. En ese sentido, cuestionó que “el municipio está con déficit, no hace obras y sigue recaudando dinero sin que esté claro en qué se gasta”.
Además, apuntó contra la calidad de los servicios tercerizados: “Son servicios caros y malos en general”, afirmó, y agregó que existe “una avanzada en estos últimos años” en distintas áreas como el estacionamiento medido o la cobrabilidad de tasas.
Finalmente, insistió en la necesidad de actuar con anticipación para evitar la renovación automática del convenio: “Queremos instalar el tema con tiempo y lograr que se haga una licitación”, concluyó, advirtiendo además sobre inconsistencias en los plazos establecidos: “El convenio marco habla de seis meses y el específico de 60 días, hay una cuestión extraña ahí”.