En el lugar se encontraron panfletos de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Los ataques aumentaron desde el desalojo en Villa Mascardi.
El Ministerio de Justicia admitió en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado “violó derechos y no fue capaz de averiguar la verdad”. El País deberá pagar indemnizaciones cercanas a las US$700.000.