La abogada Paula Urciuoli, representante de CASRECH Mar del Plata, se refirió en la 99.9 a las presentaciones legales que están presentando los supermercadistas chinos respecto del decreto que firmó el presidente Mauricio Macri en febrero: “es un decreto que los perjudica ya que endurece los plazos para apelar en sede administrativa como judicial, sólo 3 días y les impide hacer una defensa adecuada”, ejemplificó.
En enero, el presidente Mauricio Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia que modifica la Ley de Migraciones donde se pone en marcha una regulación de condiciones más estrictas respecto de las causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el país.
Si bien la medida está relacionada directamente con la delincuencia, temen que esto represente la deportación para muchas personas que tienen certificados precarios de residencia. Esto lo puso en discusión la Cámara de Supermercadistas Chinos (CASRECH) de Mar del Plata y su abogada Paula Urciuoli contó los detalles en la 99.9: “no se trata sólo de la comunidad china, afecta a todos los migrantes. No se trata sólo de Mar del Plata, sino también de todo el país”; aclaró.
Lo que se establece dentro de la normativa, los deja expuestos según lo indicado por la letrada: “es un decreto que los perjudica ya que endurece los plazos para apelar en sede administrativa como judicial, sólo 3 días y les impide hacer una defensa adecuada. Plantean que el único organismo que puede resolver sobre alguna dispensa que puedan tener los migrantes que no tienen sus papeles en regla, es la Dirección Nacional de Migraciones corriendolo de la esfera jurisdiccional”.
La abogada es consciente y hasta comparte la idea de ser más estrictos con quienes delinquen, pero cree que no es la manera esta normativa. “Supuestamente se hace por una necesidad de llevar adelante estrategias contra el delito y la violencia, pero tiene un claro sesgo discriminatorio, estigmatiza al migrante”.
Muchos integrantes de la comunidad china ya hicieron sus presentaciones espontáneas y seguramente habrá más: “la gente de la comunidad china que está apelando, son personas sin antecedentes penales y que están trabajando con un certificado de residencia precaria. Ahora los quieren expulsar por ingresar al país cometiendo la infracción administrativa de no hacerlo por un paso habilitado, pero no lo han hecho por gusto, sino por necesidad y no tienen la posibilidad de contar con la documentación adecuada. No es un delito”, aclaró.
En cifras, Mar del Plata ya tiene “50 personas que presentaron apelación, pero vamos a llegar a los 100 que están en distintos estadíos. Hay gente que se presentó espontáneamente y está esperando la resolución; y otros que están con la apelación presentada y esperan una resolución judicial”. Lo que pidió Urciuoli es que se haga una distinción entre quienes llegan al país a delinquir y quienes lo hacen para trabajar: “la gente que está trabajando ya, debe tener alguna protección porque hay una cuestión humana de necesidad”, finalizó.