El Fiscal Federal General de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, explicó en la 99.9 los motivos de su denuncia contra el Procurador General interino Eduardo Casal. Afirmó que hubo persecución sistemática, designaciones ilegales, violación del sistema acusatorio, protección política en causas sensibles y graves irregularidades en investigaciones de trata y narcotráfico.
El Fiscal Federal General de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, sostuvo en diálogo con la 99.9 que su decisión de denunciar al Procurador General interino de la Nación, Eduardo Casal, fue “durísima”, pero obligado por una situación “de flagrante violación a la ley”. “Fue una decisión que llevó mucho tiempo, donde previamente se intentó generar alertas y advertencias. Lamentablemente no fueron oídas y me forzaron a terminar en este camino que uno no quiere, pero que como funcionario público es la obligación de denunciar”, afirmó.
Pettigiani describió un proceso “que comenzó hace años por parte de la Procuración”, al que definió como “una persecución sistemática”, coronado por la implementación del sistema acusatorio en Mar del Plata “en absoluta y franca violación de la ley”. Señaló que la decisión se tomó “sin recursos, sin respetar los procedimientos legales y adoptando resoluciones que iban contra las propias normas”.
Recordó que la ley establecía que la designación del Fiscal de Distrito debía surgir de un concurso entre los fiscales generales de la jurisdicción: “Sólo somos dos. Deberíamos haber presentado proyectos de trabajo y, en base a eso, el Procurador tomar una decisión. Tenían diez años para hacerlo y nunca avanzaron”. En cambio —remarcó— se optó por reemplazar fiscales con acuerdo constitucional por secretarios “a los que se les dio un rango de auxiliares fiscales, pero que no dejan de ser funcionarios sin las garantías necesarias, que pueden ser removidos administrativamente si tocan algún interés de poder”.
El Fiscal General denunció que, además, se ignoró el concurso para la designación del Fiscal de Distrito y se nombró “a dedo” a un funcionario que —según señaló— mantiene un vínculo de parentesco con el Procurador Casal. “No sólo no cuidó las formas que exige la ley, sino que designó ilegalmente un funcionario para un cargo que debía ser concursado”, apuntó. A esto sumó la decisión de quitarle competencia en unas 2.000 causas iniciadas antes del 7 de abril, que legalmente debían continuar bajo su órbita: “Deciden trasladarlas a los fiscales de instrucción de manera ilegal, poniendo en peligro la acción penal”.
En su repaso, Pettigiani afirmó que la persecución “comienza casi simultáneamente” con su intervención en la causa Stornelli en Dolores y se profundiza cuando expone “la falta de compromiso con el narcotráfico” y la existencia de una política criminal “ideologizada” en materia de trata. “Advertíamos realidades en Mar del Plata, se las comunicábamos al Procurador y no había respuesta. Ni siquiera preocupación”, sostuvo.
Sobre la denuncia vinculada a las viviendas del programa gestionado por Juan Grabois en Mar del Plata, fue categórico: “La Procuración se encargó de completar la presentación de Grabois, que estaba incompleta, y me arma un sumario por haber expuesto que en Mar del Plata no se habían hecho las obras de infraestructura ni se habían terminado las casas, pese a que se había cobrado todo. Eso hoy se puede seguir constatando”. Para Pettigiani, todo se explica dentro de una “defensa de las políticas kirchneristas y de los intereses construidos alrededor de la trata”, donde —según remarcó— había “un monumental sistema de burocracia e intereses”.
Consultado sobre la relación entre Casal y el fiscal designado como Fiscal de Distrito Daniel Adler, respondió: «Existe una relación de parentesco que el Dr. Casal expuso en muy pocas oportunidades y en momentos muy estratégicos, pero que no cuidó donde debía: en la designación del fiscal de distrito”.
El Fiscal General también describió las consecuencias de esta política en las causas de trata: “Si la sociedad tuviera más información sobre lo que pasa en estas causas, sería espantoso. Tuvimos que llegar a tres juicios orales para demostrar que no se trataba de trata. En el medio hubo personas que pasaron dos años y medio en Marcos Paz injustamente”. Relató incluso el caso de un trabajador que estuvo al borde del suicidio: “Lo salvó la empatía de un jefe de la unidad que le dio un pedazo de tierra para armar una quintita. Eso lo mantuvo en pie”.
“Llevamos más de 15 absoluciones en causas de trata. Hubo 15 persecuciones ilegales contra ciudadanos marplatenses. Usted sabe lo que es la pena del proceso: no sólo la pérdida de libertad, sino la pérdida económica, el daño psicológico. Pero acá, por una cuestión ideológica, se sostiene sin control”, insistió.
Pettigiani cerró señalando que todas estas advertencias fueron elevadas reiteradamente a la Procuración: “Pero tomar medidas implicaba ir contra ciertos sectores políticos. Y mientras tanto, los ciudadanos siguieron sufriendo las consecuencias de estas políticas equivocadas”.