Se trata de un desprendimiento de la causa de los cuadernos de las coimas. Los pagos son por presuntos servicios de transporte de Planificación Federal.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi quedó a cargo de una denuncia por el multimillonario pago a una remisería en la que trabajaba el exchofer de Roberto Baratta Oscar Centeno, que con sus anotaciones dio origen a la causa de los cuadernos de las coimas.
Esta denuncia es un desprendimiento de la investigación anterior y se originó a partir de una presentación del fiscal federal Eduardo Taiano, que pidió una serie de medidas relacionadas con la actividad de la empresa en la que trabajaba Centeno.
El fiscal pidió recabar datos para determinar si hubo delito con el pago, entre 2008 y 2015, de $ 66 111 531,56 a la agencia de remises Transcom Service S.A. En su dictamen consignó que la remisería cobró esa suma por “los presuntos servicios de transportes brindados al entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación” a cargo de Julio De Vido.
Uno de los autos de la remisería era manejado por Centeno -uno de los “arrepentidos” en la causa- se ocupaba de trasladar al exsecretario de Coordinación del Ministerio Baratta. El conductor registraba todos los detalles de los viajes y anotó todos los datos sobre el pago de coimas de empresarios energéticos y de la obra pública a funcionarios durante el kirchnerismo por la concesión de contratos con el Estado, causa que está a cargo del juez federal Claudio Bonadio.
Su exesposa Hilda Horovitz declaró ante la Justicia que Centeno empezó como chofer y que después compró autos, pero que desconoce “cómo hizo”. Entre las medidas pedidas por Taiano figuran justamente la declaración testimonial de Horovitz, la facturación oficial y balances de la remisería y documentación sobre la contratación de la empresa por parte del Estado, entre otros requerimientos.
Pidió además que el Banco Central envíe una circular a todas las entidades financieras bajo su control para que informen si existen cuentas de cualquier tipo a nombre de la Transcom Service SA y sus integrantes. El fiscal pretende saber quiénes estaban autorizados a operar con esas cuentas, en pesos o en moneda extranjera, si se hicieron giros al exterior y por qué montos.
Requirió también que la Unidad de Información Financiera (UIF) informe si la remisería tuvo reportes de operaciones sospechosas y que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) detalle la nómina de quienes fueron objeto de retención y aportes previsionales, para determinar si estaba registrado el personal que trabajaba en la empresa.