Fue luego de que la Comisión por la Memoria elabore un informe judicial en el que los acusa de realizar “espionaje ilegal”.
La presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Silvana Guidici, pidió la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que se conozca el informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en el que, a pedido del juez Alejo Ramos Padilla, acusara a un grupo de periodistas, entre ellos Daniel Santoro, de hacer “espionaje ilegal”. Al mismo tiempo, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) lanzaron duras condenas al expediente elaborado por la comisión que conduce Adolfo Pérez Esquivel y advirtieron sobre el “grave riesgo” que atraviesa la libertad de prensa.
El informe de la CPM cuenta con 200 páginas y fue entregado al juez federal de Dolores, que investiga la causa que involucra al falso abogado Marcelo D´Alessio como miembro de una presunta organización de inteligencia ilegal nacional e internacional.
En el texto, la Comisión que lidera el Nobel de la Paz menciona a los periodistas Daniel Santoro, Jorge Lanata, Luis Majul, Gustavo Grabia, Nicolás Wiñazki, Rodrigo Alegre, Rolando Graña y Guillermo Laborda, entre otros, y afirma que “emergen indicios de una posible interacción de inteligencia ilegal” entre los comunicadores y D´Alessio. Según la CPM, el falso abogado “instaba a diferentes periodistas a que la información colectada y analizada de manera ilegal sobre sus `blancos` de investigación fuese publicada”.
En este marco, ayer se conoció que Giudici pidió la intervención de la Relatoria de Libertad de Expresión de la CIDH al considerar que la libertad de expresión y las garantías para que los periodistas puedan informar fueron “vulnerados” desde el momento en que una investigación judicial encomendó a la CPM “el monitoreo de notas periodísticas y el juzgamiento de sus autores”.
La ex diputada, que fue presidenta de la comisión de libertad de expresión de la Cámara baja, afirmó que “es inaceptable que se monitoree la labor periodística, uno de los pilares mas importantes de los sistemas democráticos es la libertad de expresión y las garantías para que los periodistas puedan informar, opinar e investigar con absoluta libertad, tal como lo expresa el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos de la OEA”.
Giudici denunció, además, que está en riesgo la garantía del resguardo de las fuentes periodísticas, prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional.
Daniel Santoro, uno de los periodistas acusados, afirmó el fin de semana que el informe del organismo cometió “graves errores” para acusarlo de “articular” sus notas de investigación con las actividades de D´Alessio. No citó su descargo judicial, descalificó su trabajo profesional y lo inmiscuye en extorsiones y supuestas operaciones de espionaje. Y que es la misma CPM que “hizo que el juez Ramos Padilla mandara preso al prefecto Marcos Luffi sólo porque su apellido coincidía con una clave de D´Alessio y luego lo sobreseyera”.
CONDENAs DE ADEPA Y FOPEA
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), que desde el inicio de la causa, el año pasado, expresaron su apoyo a Santoro, emitieron ayer duras condenas al informe de la Comisión por la Memoria.
Desde Adepa afirmaron que el expediente desconoce por completo el oficio del periodismo y genera un “grave riesgo” a la libertad de prensa.
Según reza un comunicado que firmó la entidad, “pretender que un organismo gubernamental audite la tarea periodística contradice la esencia misma de la libertad de prensa, vulnera la Constitución y desconoce los tratados internacionales”. Y sostiene que “tanto la solicitud del informe por Ramos Padilla como la elaboración del mismo por la Comisión, constituyen peligrosos precedentes contra la libre expresión y el ejercicio profesional del periodismo”.
En tanto, la comisión directiva de Fopea advirtió ayer sobre la “gravedad institucional” de los pasos que el magistrado “está dando hacia la criminalización del periodismo profesional en la Argentina”.
En esa línea, desde el Foro advirtieron a la sociedad sobre “una peligrosa escalada de consecuencias institucionales impredecibles”. Al tiempo que sostuvieron que atacar las prácticas que vinculan a los periodistas con sus fuentes es “alimentar la campaña de hostigamiento y persecución contra el periodismo profesional”.