La fiscalía ya dictaminó a favor de la competencia del fuero. La causa Garramone busca determinar la responsabilidad corporativa de la banca internacional en el financiamiento del terrorismo de Estado de los ’70.
Argentina está cerca de convertirse en el primer país que investigue judicialmente la responsabilidad corporativa de la banca internacional en el financiamiento de la dictadura cívico-militar. La Justicia en lo Contencioso Administrativo debe decidir si acepta comenzar un proceso de demanda por daños y perjuicios contra el Bank of America y el Citibank, luego de que la fiscalía dictaminara a favor de la competencia del fuero. Es el primer juicio de estas características en la región, con el Estado como tercero involucrado, y comparte un patrón común con otros países como Brasil, Uruguay y Chile (ver aparte). El proceso judicial intentará probar que los préstamos otorgados por bancos privados favorecieron la comisión de delitos de lesa humanidad y colaboraron con el sostenimiento de las dictaduras del Cono Sur.
La causa Garramone comenzó su derrotero en la justicia en octubre de 2010. Por casi tres años, el expediente fue tramitado en el Juzgado Federal Contencioso Administrativo Nº 8, Secretaría 15, hasta que, finalmente, ahora la jueza subrogante Cecilia Gilardi Madariaga De Negre quedó en condiciones de avanzar con la investigación. El 25 de enero de 2011, la fiscal Laura Magdalena Labarthe se había pronunciado validando la competencia del fuero y en favor del avance de la causa. La acción fue objetada por los dos bancos demandados, que sostuvieron que no era una cuestión de la Justicia Federal y que el Estado no podía ser un tercero interesado. Tanto el Bank of America (que se encuentra unido a Merrill Lynch y localmente opera desde Puerto Madero por servicios de banca privada a corporaciones) como el Citibank rechazaron los cargos en una instancia previa de mediación, e interpusieron recursos aduciendo la prescripción de los delitos que pudieran caber por complicidad civil.
El pasado 16 de agosto se despejaron todas las incidencias, tras un nuevo dictamen favorable de la Fiscalía Nº 7, que data del 4 de julio, precisamente el día de la independencia de los Estados Unidos, país donde está la casa matriz de ambas entidades. De acuerdo al escrito, al que Tiempo Argentino accedió en exclusiva, se exige a los bancos que “informen y expliquen de manera cabal el rol asumido durante el gobierno militar, en orden a las operaciones financieras en las que intervinieran y de las que resultaran aportes, financiamiento, adquisición de títulos de la deuda pública de la República Argentina, préstamos propios y directos y/o en los que actuaran como colocadores y/o con cualquier clase y tipo de intermediación financiera, fundado en el derecho a conocer la verdad de los hechos que asiste a las víctimas de delitos de lesa humanidad“.
El padre de Martín Garramone fue secuestrado y desaparecido en Necochea por un grupo de tareas del GADA 601 el 31 de mayo de 1977. El hilo conductor que fundamenta la presentación judicial, que no registra antecedentes a nivel regional, se apoya en la investigación del jurista Juan Pablo Bohoslavsky, hoy a cargo del Departamento de Deuda Soberana de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y cuyo trabajo fue presentado en Harvard. El estudio, que incluye registros de la CEPAL y un minucioso análisis de las variables macroeconómicas del país desde el comienzo de la dictadura, concluyó que el apoyo financiero brindado a la Junta Militar se hizo a sabiendas de que se cometían violaciones a los Derechos Humanos, cuando el mandamás de la economía local era José Alfredo Martínez de Hoz.
GASTOS MILITARES. Desde 1977, cuando Estados Unidos quitó oficialmente el apoyo, con la recomendación del entonces presidente Jimmy Carter de que ningún organismo multilateral de crédito otorgase financiamiento a dictaduras del Cono Sur, Argentina abrió las puertas a la banca privada extranjera, que financió el creciente déficit de las cuentas públicas mediante préstamos a altas tasas que incrementaron la deuda externa. Pero estos préstamos terminaron por aumentar el porcentaje del PBI destinado a gastos militares y de seguridad interior, que creció del 2,04 al 4,39% durante esos años. Por ende, las ayudas económicas ayudaron a solventar el aparato represivo del terrorismo de Estado, que posibilitó la logística necesaria para las desapariciones, torturas y asesinatos. Bohoslavsky -quien está por presentar el libro “Cuentas Pendientes” junto con Horacio Verbitsky, sobre la complicidad civil empresaria con la dictadura- fundamentó jurídicamente cómo a partir del Derecho Internacional el comportamiento de las entidades bancarias privadas se encuadra dentro de la “responsabilidad civil corporativa”.
Entre 1979 y 1981 ingresaron al país 15 filiales de bancos extranjeros; 12 eran bancos nuevos y tres, fusiones. Entre los principales deudores, de acuerdo a la CEPAL, estaba el BCRA y varias empresas del Estado, principalmente el Estado Mayor General de la Armada y del Ejército; pero también YPF, que fue endeudada más allá de sus necesidades ya que por entonces había retraído sus operaciones.
Esta demanda por 1.666.000 pesos más intereses, según el escrito, también tiene otro punto llamativo: la posibilidad de que el Estado tenga que presentarse “como coadyuvante de esta parte actoral (los demandantes), ya que en el pasado más o menos reciente, el reconocimiento de la existencia de los delitos se ha producido en numerosas instancias institucionales”.
Aunque esta presentación apunta al Citibank y al Bank of America, la nómina de prestamistas, según los registros de la sentencia “Olmos” por la deuda externa, incluye entidades de primera línea a nivel mundial tales como Republic Bank of Dallas, Unión de Bancos Árabes y Franceses, Banco de la Sociedad Financiera Europea, D. G. Bank, Banco Europeo de Crédito, Unión de Bancos Suizos, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Banco de Boston, Chase Manufactures, Lloyds Bank, Wells Fargo, Marine Midland, Banco di Roma y Citicorp.
LABERINTO. La causa Garramone registra un antecedente que terminó en vía muerta, al ser obturado por la Justicia Civil y Comercial Federal. El expediente 95.019/2009 denominado “Ibáñez y otros” deambuló por tres juzgados desde el 18 de marzo de 2009, cuando Leandro Manuel Ibáñez y María Elena Perdighe –ambos hijos de desaparecidos– realizaron la presentación solicitando una “diligencia preliminar” para que el Banco Central informe acerca de los montos que entidades financieras internacionales prestaron a la dictadura entre 1976 y 1983. El juez civil y comercial Luis María Márquez y sus pares María Gabriela Vasallo y Graciela González Echeverría se declararon incompetentes en varias oportunidades.
Pero, por decisión de la célebre Sala I de la Cámara, con los votos de María Susana Najurieta y Martín Diego Farrell (el tercer juez, Francisco de las Carreras, estaba de licencia), el destino del expediente terminó en el Juzgado Civil Nº 34 a cargo de González Echeverría. Esta jueza ya había dicho que, por la naturaleza del reclamo, con bancos transnacionales en el medio la competencia debía ser en el Fuero Federal. González Echeverría nunca solicitó informes al BCRA ni al Ministerio de Economía. Rechazó el pedido de prueba preliminar bajo el argumento de que había sido realizado “sin siquiera individualizar de qué expedientes se trata, todo lo cual generaría no solo un caos, dada la falta de infraestructura de este edificio para soportar la carga, como asimismo al no conocerse el contenido de la información que se requiere, la dificultad del oficiado de dar cumplimiento a la medida, e incluso la posibilidad de violar el secreto fiscal amparado en la ley“.
“Coadyuvante”
Es posible que el Estado tenga que presentarse “coadyuvante” de la parte actora por el reconocimiento de los delitos de la dictadura en varias instancias institucionales previas.