Son terrenos de un parque nacional y la Administración dejará de ser querellante contra los ahora beneficiarios, que están imputados, presos y prófugos por la toma previa. Conflicto con los vecinos.
En una polémica decisión, el Gobierno autorizó a un grupo de mapuches imputados por usurpaciones a retornar a las tierras de Villa Mascardi de donde fueron desalojados el año pasado, pese a la oposición de los vecinos que son víctimas de episodios violentos atribuidos a esa comunidad.
Fue uno de los acuerdos a los que se llegó en la mesa de diálogo realizada este jueves en el predio de la exESMA de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, el Gobierno accedió a los reclamos que plantearon los representantes mapuches del Lof Lafken Winkul Mapu como condición para resolver el conflicto en la región, indicó el Diario de Río Negro, que accedió al acta firmada por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Alejandro Marmoni.
Un grupo de vecinos de Mascardi se manifestó frente al predio, ya que no pudo participar de la reunión realizada a puertas cerradas.
El Gobierno se comprometió a reconocer un predio de Parques Nacionales de Villa Mascardi “como sitio sagrado para el pueblo mapuche a fin de que la Machi Betiana Colhuan, pueda ejercer sus tareas espirituales y medicinales”.
Además, Nación construirá allí tres viviendas, destinadas a la machi -como se refiere a la líder espiritual del grupo- y su familia, sus colaboradores, los pacientes de la mujer para que pernocten y el resguardo de “todos los elementos de uso para la medicina tradicional mapuche”, detalla el acta.
También se acordó que los demás integrantes de esa comunidad mapuche aceptan que los reubiquen en otras tierras.
Colhuan es una de las cuatro mujeres mapuches que está cumpliendo prisión domiciliaria, imputada por las usurpaciones en Mascardi. Sus parejas se encuentran prófugos de la Justicia.
Las detenciones fueron realizadas en un operativo de fuerzas federales y provinciales el 4 de octubre del año pasado, en el que se desalojaron varios predios en las inmediaciones de la ruta 40, en Villa Mascardi.
Las cuatro mujeres fueron procesadas por la entonces jueza Silvina Domínguez, quien elevó a juicio la causa el 6 de enero pasado por el delito de usurpación y dispuso prisión domiciliaria para las mujeres a cumplir junto a sus hijos en una casa comunitaria de Bariloche.
Como parte de lo firmado, la Administración de Parques Nacionales desistirá de seguir como querellante en las causas por las usurpaciones de territorios que le pertenecen a ese organismo y prevé presentar antes del 9 de junio un acuerdo de conciliación ante los juzgados intervinientes.
Dirigentes mapuches citados por el Diario de Río Negro destacaron que esto implicaría en los próximos días la liberación de las mujeres detenidas.
La comunidad Lafken Winkul Mapu, desconocida hasta ese momento, tomó dos predios de Mascardi en noviembre de 2017 argumentando que lo hacía por una visión de Betiana Colhuan, autodefinida machi.
Luego se sucedieron hechos violentos por el avance de este grupo sobre propiedades linderas, que incluyeron incendios y ataques a viviendas de vecinos.
Indignación y protesta de vecinos de Villa Mascardi frente a la exESMA
Diego Frutos, uno de los vecinos afectados por la violencia mapuche, viajó desde Villa Mascardi para protestar frente al predio de la exESMA por este acuerdo. “Yo hice 1.600 kilómetros en auto y acabo de llegar, me enteré de esto ayer [por este miércoles] y obviamente quiero tener el mismo derecho de poder ver al señor Pietragalla o a sus asistentes, que son con los que teníamos contacto”.
Rodeado de grupos pro mapuches y activistas, Frutos se diferenció. “Mucha de esta gente ha venido en avión. Tomaron un avión ayer [por este miércoles] a la noche desde Bariloche pagado con nuestros impuestos. Son no menos de cien. Yo me vine en auto y acabo de llegar. Manejé toda la noche. A mí nadie me pagó ningún viático”.
Luego detalló que funcionarios del Gobierno les dijeron en febrero último, en los tiempos de los desalojos, que iban a volver a Villa Mascardi para continuar dialogando por el conflicto, pero no cumplieron. “Nunca más nos atendieron el teléfono”, sostuvo.
“Somos pocos vecinos de Mascardi los que pudimos venir, no más de cinco o seis, y adentro la reunión es sólo con lo que es la gremial de abogados que representan a los encapuchados que están prófugos arriba de la montaña y las mujeres que están en prisión domiciliaria con sus niños”, se quejó.
Y detalló parte del acuerdo oficial. “Les quieren dar tierras en el Lago Guillermo y aparte respetarle lo que es el famoso altar sagrado de ellos, el rewe, al lado de nuestras casas. Y construirles ahí tres casas, justamente al lado de nuestras viviendas destruidas, incendiadas”. “Es toda una ironía de parte de este Gobierno inescrupuloso ya en retirada”, reclamó Frutos en diálogo con Radio Continental.
Además, explicó que frente a la exESMA tuvieron que soportar “gritos y empujones” de un grupo de más de cien personas pro mapuches que pretendían que se fueran.
“Vamos a seguir adelante. Esta es la gente que los apoya. Mucha gente rara. Yo no estoy haciendo nada para provocar. Nos dicen que somos supremacistas racistas blancos, asesinos, que discriminamos a los pueblos originarios. Yo expliqué por enésima vez que convivimos con una verdadera comunidad mapuche en Villa Mascardi, que es la comunidad oficial que tiene su registro correspondiente y no este grupo de delincuentes encapuchados”, indicó el vecino.
“Que sepan que estamos peleando por nuestras tierras privadas y por las soberanías nacionales -prosiguió Frutos-. El Lago Nahuel Huapi es de todos los argentinos. El Parque Nacional es de todos los argentinos y no de un grupo de delincuentes que quieren ser premiados”.
La Justicia benefició a una de las detenidas mapuches
La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar este jueves a un recurso presentado por una de las mujeres mapuches que fueron detenidas el año pasado en el marco del conflicto por tierra en Villa Mascardi, al tiempo que ordenó que se dicte un nuevo fallo sobre su pedido de excarcelación.
En específico, el máximo tribunal penal resolvió “hacer lugar al recurso de casación incoado y, por mayoría, casar la resolución recurrida y remitir las actuaciones a su origen para que, con la celeridad que el caso impone y por ante quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento de acuerdo a la doctrina aquí establecida”. Es decir, que revea su situación.
La defensa de María Celeste Ardaiz Guenumil había presentado un recurso contra la resolución que rechazaba su excarcelación, argumentando que carecía de “perspectiva interseccional que receptara su calidad de mujer mapuche”.