En un detallado informe, el centro de estudios subrayó que el uso de la “fuerza letal” de uniformados que no están en funciones, constituye otra versión preocupante de la violencia policial.
El 2 de febrero de 2001, Daniel Sosa regresaba en auto a su casa de La Matanza luego de una jornada laboral, pero a pocas cuadras de llegar se cruzó con el policía bonaerense Aníbal Ramón Olivera, que intentó robarle el vehículo, sin uniforme pero con su arma reglamentaria. De 33 años, casado y padre de dos hijos, el trabajador intentó evitar el asalto, sin embargo como fatal respuesta recibió varios balazos y murió en el lugar. El efectivo intentó plantear como argumento defensivo que la secuencia delictiva había sido la inversa, pero las pruebas fueron irrefutables y el “polichorro” fue condenado a 18 años de prisión.
El caso es, aún hoy, paradigmático de la impunidad y violencia ejercida por personal de las fuerzas policiales contra civiles. Pasados 14 años, un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) refleja que estos hechos se mantienen, ya que en 2015 se registran 80 civiles muertos, 10 por mes, a causa del abuso de poder policial en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, con el agravante de que 55 de esos homicidios fueron perpetrados por personal policial fuera de servicio.
El trabajo estadístico, que incluye causas hasta el pasado 2 de septiembre, sostiene que “el uso sistemático de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad produce una importante cantidad de personas muertas y heridas”, y precisa que “al mismo tiempo, el uso de la fuerza letal por parte de policías que se encuentran fuera de servicio es un aspecto muy problemático de la violencia policial, tanto en la Policía Federal como en la de la Provincia de Buenos Aires y la Metropolitana”.
El 26 de agosto pasado, Juan Martín Yalet fue detenido por efectivos del Comando de Prevención Comunitaria (CPC) de La Plata, en el marco de un presunto robo a una mujer que llegaba a su hogar. Esposado con las manos hacia atrás, fue introducido en un patrullero, pero en el camino a la seccional una bala le atravesó el cráneo y falleció. Por el hecho, hay ocho efectivos detenidos, que se defienden argumentando que la víctima tenía un arma entre su vestimenta y al deprimirse por la aprehensión se voló la cabeza. “Lo que dicen es inverosímil”, cuentan en la fiscalía que sigue el hecho, donde tienen casi probado que alguno del grupo decidió ejecutar sumariamente al sospechoso y el resto acompaña con silencio cómplice.
“Además de la muerte de Yalet, en las últimas semanas se han registrado casos graves de violencia policial que involucran a funcionarios de las nuevas policías locales de la provincia de Buenos Aires. Como ya sucedió con la Policía Metropolitana en 2008, la creación de estas nuevas policías en 2014 fue, en general, una oportunidad desperdiciada para trabajar en modelos de fuerzas de seguridad menos violentos. La idea de ’emergencia de seguridad’ que enmarcó la política provincial en el último año y medio dio lugar a un rápido proceso en el que se privilegia la cantidad de agentes despachados a las calles, mal formados y con débiles mecanismos de control”, explicó el CELS.
Los datos del estudio son más que elocuentes: en la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, 80 civiles resultaron muertos como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad en lo que va de 2015. Entre ellos, 55 personas fueron muertas por policías que estaban fuera de servicio, el 68% del total.
Pero ahora el CELS observa con preocupación “una tendencia al aumento de la cantidad de civiles muertos por policías que no estaban de servicio”. Pero no sólo de “polichorros” homicidas están compuestas las fuerzas policiales, sino también de efectivos que se sacan el uniforme pero conservan el arma en sus ratos como civiles, y reaccionan brutalmente ante situaciones callejeras, que pueden vincularse a delitos, pero también a problemas personales. “Los funcionarios policiales suelen intervenir cuando se encuentran fuera de servicio, muchas veces sin medir las consecuencias que esto tiene para sí mismos o los demás ni atender a la proporcionalidad de sus acciones. Esta situación es el resultado de una combinación de normas y costumbres que hacen a la relación de los policías con su función profesional y con la portación del arma”, finalizó el trabajo del CELS.