Un problema que se agravó en los últimos años | El Gobierno aprobó un plan nacional. Dará facilidades a las empresas para instalar antenas en inmuebles del Estado. Y prevé un control de calidad y resarcimientos para los usuarios.
El Gobierno cuestionó la política de telecomunicaciones de la gestión kirchnerista y estableció un paquete de incentivos para que los operadores móviles instalen antenas, celdas y microceldas en inmuebles públicos de todo el país. El Gobierno aprobó ayer un plan nacional para “generar más y mejores servicios a los consumidores, a precios competitivos y con mayor calidad”, según el Decreto 798/16 firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad.
“Esto va a colaborar para mejorar el servicio celular, porque facilita la disponibilidad de antenas y otorga beneficios para que los operadores compartan su infraestructura, poniendo a disposición edificios públicos”, dijo el especialista en telecomunicaciones Enrique Carrier.
El Plan Nacional le ordena a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que disponga de inmuebles aptos para la instalación de infraestructura celular en sus terrazas, techos o cualquier otro lugar. Y cede esos lugares en alquiler a prestadores privados, con múltiples beneficios: por ejemplo, si una empresa instala su antena en menos de tres meses en un inmueble público en la Ciudad de Buenos Aires o antes de seis meses en el resto del país, el Estado le bonifica su alquiler durante el primer año. También hay bonificaciones de hasta cuatro años de alquiler en inmuebles públicos, si varios operadores comparten el mismo espacio para sus antenas de telefonía celular.
“Es un plan para promover las inversiones, incentivar la competitividad y mejorar el servicio”, dijo el ministro Aguad. Y agregó: “Estamos articulando al sector público y al privado, para mejorar las comunicaciones móviles”.
El Decreto 798 también establece que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) va a elaborar protocolos de medición de calidad de servicio y el Ministerio de Comunicaciones actualizará el Reglamento de Clientes, previendo mecanismos para que los usuarios puedan acceder a información sobre la calidad de los servicios y obtengan “bonificaciones y/o compensaciones ante el incumplimiento de los niveles de calidad establecidos”.
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Además, crea una Comisión de Seguimiento de Despliegue y Calidad del Servicio, así como un Grupo de Trabajo para facilitar la migración de los usuarios a terminales móviles de banda ancha.
“Es un paso inicial muy positivo para empezar a destrabar los obstáculos que dificultan el despliegue de infraestructura y la optimización del espectro disponible, para que los clientes puedan acceder a un mejor servicio móvil”, dijo una fuente de Telecom Argentina. “Es la primera vez que el Estado aborda la problemática del sector en forma integral, y propone un plan de trabajo con articulación público-privada en pos del beneficio de los usuarios”, añadió.
El decreto del Gobierno señaló que la política de telecomunicaciones del kirchnerismo no incentivó las inversiones del sector privado y favoreció la “concentración de las operaciones”. También planteó que el crecimiento en la cantidad de abonados a la telefonía celular “no fue acompañado por las inversiones” necesarias para garantizar la calidad del servicio. Y concluyó que es “público y notorio la deficiente calidad de la prestación de las comunicaciones móviles, particularmente las de voz”.