Una recorrida por fueros de la Capital deja a la vista problemas edilicios, de higiene, atraso tecnológico y seguridad; en 2016 recibieron 120.000 demandas y sólo pueden tratar 35.000 al año.
Fuentes oficiales dicen que en la Argentina hubo 120.000 juicios laborales en 2016, que se sumaron a los 340.000 en trámite, cuando los tribunales tienen capacidad para tratar sólamente 35.000 por año. Los fueros laborales están colapsados, sí, pero no es su único problema. Una recorrida por los tribunales deja ver que los juzgados trabajan en salas de pocos metros, sin ventilación, sin buena luz, con expedientes en cada rincón, muchos en el piso, y con suciedad a la vista.
La paradoja es que, justamente, en el ámbito de la justicia laboral la gente trabaja sin las más mínimas y básicas normas de seguridad e higiene, aquellas que, si no se cumplen, llevan a que se cierre una empresa después de una inspección.
“Hoy, cuando está en plena discusión cómo cuidar a la gente en el trabajo, los tribunales laborales son una verdadera muestra de lo que no se debe hacer. El personal trabaja en oficinas que no pasarían una inspección de Seguridad e Higiene de la ART ni de la autoridad gubernamental”, dice el abogado laboralista Juan Carlos Cerutti.
“Si bien la ley de seguridad e higiene en el trabajo data de 1972 (la N° 19.587), ha tenido varias y profundas modificaciones. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo tiene manuales y recomendaciones para todos. Por cierto, los edificios de los tribunales laborales porteños no las cumplen”. Allí, a simple vista se pueden observar desperfectos en el piso y las escaleras, y deficientes instalaciones contra incendios. Tampoco se mantienen los pasillos libres de obstáculos y hay muchas otras fallas de seguridad e higiene. ¿Una de las peores? El hacinamiento.
Cada día laborable, miles de personas recorren los pequeños pasillos de los tribunales y para cada trámite deben hacer una larga cola. Para empezar, sólo para tomar el ascensor, la fila puede dar vuelta la cuadra.
“No es como en las películas”, dice el abogado Ricardo Foglia (h.), que aclara que hay mucho papel implicado en cada una de las instancias. “Todos los procedimientos de los juicios están determinados y son largos. Comienzan con una carta documento por un despido, por ejemplo. Se pasa por el Servicio de Conciliación Laboral (Seclo), una instancia de mediación obligatoria en la Capital Federal, y si no hay acuerdo se presenta la demanda escrita ante la Cámara Nacional de Apelaciones, donde se sortea un juzgado, que a su vez emite una cedula de notificacion a la parte demandada con los plazos para contestar la demanda.
Luego se producen las pruebas y testimonios e intervienen los peritos contables o médicos; se fijan audiencias de conciliación y testimoniales; declaran los testigos; se realizan pruebas de oficio (con pedido de informes a un hospital, por ejemplo); se presenta un alegato y luego el juez de primera instancia dicta su sentencia”. A este extenso proceso, casi kafkiano, se le suma un procedimiento en la Cámara de Apelaciones y una segunda instancia. De no resolverse, el caso puede llegar a la Corte Suprema.
Los jueces, por su parte, trabajan en pequeños escritorios con pocas comodidades, tienen falta de conectividad y además luchan contra un sistema informático de gestión, el LEX100, que declaran “poco eficaz” y que “hace nuestra tarea mucho mas lenta”.
Será por eso que los dichos del presidente Mauricio Macri sobre “la mafia de juicios laborales”, una presunta asociación ilícita entre estudios laboralistas y un grupo de jueces, cayeron muy mal entre los magistrados y trabajadores del fuero laboral y se refieren a la situación como “desagradable y dolorosa porque coloca a todos los jueces en un estado de sospecha”, dice uno de ellos, que no quiere ser nombrado.
Desde el Ministerio de Justicia respaldaron los dichos del Presidente. Dijeron a LA NACION que “el fuero laboral tiene que trabajar bien”. También adhirieron a las afirmaciones de Macri los industriales de la provincia de Buenos Aires, que presentaron casos de la “mafia de los juicios laborales que llegan a provocar el cierre de fábricas”; entidades empresarias como IDEA, la UIA y la Sociedad Rural Argentina, entre otras.
Ayer se sumó la Cámara Argentina de la Construcción, que expresó que “eliminar la informalidad, desalentar la industria del juicio y poner al trabajador en un rol productivo es fundamental para fomentar el progreso argentino”.
Acusan de fraude a varios abogados
El fiscal de la justicia cordobesa Enrique Gavier pidió ayer la elevación a juicio de la causa por presuntos fraudes a Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) mediante la simulación de discapacidades por enfermedades y accidentes laborales en la que están imputados 5 médicos, 2 abogados y 2 empleados hospitalarios.
Según fuentes judiciales, los imputados están acusados de consumar falsedades documentales y fraudes procesales que causaron un grave perjuicio a las ART Liberty, Consolidar, Berkley International y Prevención, hechos ocurridos de 2008 hasta el 12 de agosto de 2010.