El Ministerio de Trabajo arrancó con las auditorías a 80 sindicatos, especialmente a las obras sociales.
A una semana de la protesta de Camioneros el Gobierno ordenó una serie de auditorías a 80 sindicatos, en una primera tanda que incluye al gremio liderado por Hugo Moyano. La medida está a cargo del ministerio de Trabajo, que pidió los balances y transferencias del gremio a la obra social. Otros de los sindicatos que entran en esta primera serie son docentes y bancarios, también en conflicto con el Ejecutivo.
El análisis a las cuentas de Camioneros se produce en el momento de mayor tensión con el gremio, en pleno avance de causas por irregularidades contra los Moyano y en medio de las presiones oficiales a sindicalistas para que se bajen de la protesta, que de por sí tendrá la ausencia de importantes sectores de la CGT, como los denominados “Gordos” e “Independientes”.
Trabajo intimó a Camioneros por la falta de suministro de datos para monitorear las memorias, balances y movimientos de fondos con la obra social, que son las dependencias que reciben el grueso de los fondos de los gremios. A pesar de que, en el caso de este gremio la dependencia tiene un fuerte rojo, por lo que la diputada de Cambiemos Graciela Ocaña pidió su intervención, en una ampliación de una denuncia a Moyano.
Además de Camioneros la medida incluye a otros 79 gremios, en su debut. Entre ellos docentes y bancarios, enfrentados por el Gobierno por las fuertes diferencias en lo que se anticipa serán paritarias calientes, además de reducción del poder de negociación y eliminación de aportes compulsivos a trabajadores que no estaban afiliados. Desde el Gobierno descartan que se trate de una “persecución” a las asociaciones. Aseguran que se trata de darle mayor transparencia a los sindicatos y de poner en regla a aquellos que no lo están, consigna Clarín.
La auditoría incluye la memoria y balances contables, cruces de información con la AFIP, listado de afiliados y especialmente el análisis de los movimientos de fondos entre las obras sociales y los sindicatos. Las sanciones por no cumplir con los requerimientos van desde penalidades económicas hasta la suspensión y la pérdida de la personería.
En los casos en los que se detecten anomalías intervendrán otros organismos, como la AFIP o Unidad de Información Financiera (UIF), que ya presentó en la Justicia reportes de operaciones sospechosas entre el Camioneros, OCA (vinculada a Moyano) y empresas manejadas por su familia, como su esposa Liliana Zulet.
Previo a la paritaria docente en Provincia ya hubo inspecciones en la Federación de Educadores Bonaerenses, liderada por Mirta Petrocini. Mientras que SUTEBA, a cargo de Roberto Baradel -el más duro de los dirigentes de esta actividad en Provincia- será uno de los próximos gremios en auditarse. En el caso del gremio de los Moyano, la inspección será después de la marcha del 21 de febrero.
También hubo dos investigaciones en La Bancaria, conducida por Sergio Palazzo, que amenazó con hacer un paro “de uno o dos meses, que les incendia el país”. En las inspecciones a la obra social del gremio participaron seis contadores.
Estas medidas se suman a otras que el Gobierno ya había dispuesto en la previa, como el relevamiento de sindicatos y la presentación de declaraciones juradas de los jefes de las obras sociales.