El juez federal Sebastián Ramos estableció que Daura usó casi 7,5 millones de pesos del presupuesto de la Casa de la Moneda.
La ex jefa de la Casa de Moneda durante el kirchnerismo, Katya Daura, fue procesada por, supuestamente, haber pagado con dinero público un servicio de seguridad privada para ella y su familia en la casa de un barrio cerrado del partido de Pilar.
El juez federal Sebastián Ramos estableció que Daura usó casi 7,5 millones de pesos del presupuesto de la Casa de la Moneda para contratar tres vigilantes privados, dos choferes, cámaras de seguridad en la vivienda, y seguimiento satelital de los vehículos del grupo familiar.
El magistrado, además, impuso a la ex funcionaria un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes y procesó también a los ex gerentes general y de seguridad, Mario Enrici y Héctor Desmaras, respectivamente, a los cuáles impuso sendos embargos de 8 millones de pesos.
El fallo estableció que Daura habría sido responsable del delito de “peculado de servicios”, castigado con 2 a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para el funcionario que “empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”.
Daura llegó a la Casa de la Moneda de la mano de Amado Boudou y compró un terreno de 4 mil metros cuadrados de superficie sobre la calle Hipólito Yrigoyen al 1400 en un lugar llamado Barrio Chico, a la altura del kilómetro 38,5 del ramal Pilar de la ruta Panamericana.
Y la compra de esa propiedad está siendo investigada en otra causa penal contra Daura por enriquecimiento ilícito, donde también está imputada su pareja, Manuel Somoza, que trabajó en el área de administración del Senado de la Nación.
“Vivo en una casa grande porque tengo una familia grande”, dijo la entonces funcionaria cuando se hizo la denuncia. La ex funcionaria fue denunciada por Marcelo Pose, actual presidente de la Casa de Moneda, quién manifestó que en 2013 esa entidad contrató a la firma Ci5 para custodiar a la funcionaria y le proporcionó un agente las 24 horas y otro de 7 a 19 con un móvil a su disposición.
Además se incorporó a la planta del organismo a tres agentes de esa firma que le daban servicio en la vivienda de la ex funcionaria, sostuvo la denuncia.