La instalación de huellas para comprar alimentos en los supermercados provoca disturbios.
Todavía el Gobierno de Venezuela no ha empezado a instalar el sistema de registro de huellas de compradores de productos de consumo básico en los comercios, cuando el asunto ha reactivado las protestas callejeras.
El lunes, como reacción al anuncio oficial del despliegue del llamado sistema biométrico, barricadas improvisadas obstaculizaron desde temprano en la mañana la avenida Las Pilas del sector Pueblo Nuevo de San Cristóbal, capital del Estado de Táchira (región andina de Venezuela, al suroeste del país). La ciudad fue el origen de la oleada de disturbios que, desde febrero pasado y hasta junio, recorrió todo el país, con un saldo entonces de 44 muertes y más de 3.000 detenidos.
La protesta del lunes se mantuvo localizada en el sector durante cinco horas, hasta que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) consiguieron sofocarla. De acuerdo a la información de la prensa local, hubo siete heridos leves durante la refriega.
En el este de Caracas también se registraron bloqueos de vías públicas el lunes por la tarde. En Santa Fe, un barrio de clase media al sureste de la capital venezolana, las autoridades detuvieron a tres jóvenes manifestantes, según versiones que circularon en las redes sociales. Al norte de la ciudad de Valencia, capital del estado de Carabobo, decenas de ciudadanos se apostaron en calles y avenidas para protestar.
Todas serían respuestas de “la derecha” ante el renovado empeño del Gobierno de Nicolás Maduro por combatir el llamado contrabando de extracción, según declaró la noche del lunes el vicepresidente Jorge Arreaza, aún en funciones a pesar de que dimitió del cargo la semana pasada para facilitar la reorganización del Gabinete Ejecutivo.
El régimen chavista atribuye la crónica escasez de insumos industriales y productos de la cesta básica a una “guerra económica” que sus adversarios le habrían declarado. Uno de los frentes de la conflagración sería el contrabando de productos a países vecinos, en especial Colombia, a donde —siempre según las autoridades de Caracas— se filtran hasta el 40% de las mercancías que se expenden, generalmente a precios regulados, en Venezuela. En un intento por controlar ese flujo, el Gobierno venezolano decretó hace dos semanas el cierre nocturno de la frontera con Colombia, y el miércoles pasado anunció la puesta en funcionamiento, antes del 30 de noviembre, de máquinas popularmente conocidas como captahuellas para identificar a los compradores de productos en abastos, supermercados y farmacias.
Arreaza aseguró que los cuerpos de seguridad estaban al tanto de los planes para usar el tema de las captahuellas como una bandera para la agitación, y que se mantenían alertas para reducir cualquier protesta que se produzca en los próximos días, que entonces “serán protestas a favor del contrabando”. A continuación el general Vladimir Padrino López, Jefe del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas, aseguró que el contrabando es un atentado contra la identidad nacional y obra “de quienes quieren acabar con el Estado-Nación”.
Arreaza y Padrino hicieron sus declaraciones en el Palacio de Miraflores de Caracas, a la salida de una reunión con el presidente Nicolás Maduro para pasar revista a la marcha de la ofensiva contra el contrabando. Poco antes, durante la reunión, la televisión del Estado hizo un breve contacto en el que el propio Maduro juró que “no voy a aflojar en la lucha contra el contrabando” y adelantó que pronto dará a conocer nuevas medidas.
En Táchira, el gobernador de la entidad, José Vielma Mora —un exoficial del ejército— vinculó los focos de protesta a la acción concertada de agitadores. “La protesta ayer no fue por el aumento del pasaje ni por el sistema biométrico, tenemos información de la Policía Fiscal Aduanera de Colombia, que trabaja con nosotros conjuntamente, y estamos seguros de que quienes están agitando son los contrabandistas”. Desde el Ministerio del Interior, en Caracas, se señaló a un exoficial de la GNB, refugiado en la vecina ciudad de Cúcuta (departamento de Norte de Santander, Colombia) y con presuntas conexiones con el narcotráfico, como cabecilla de los disturbios en la región fronteriza.