El abogado cuestionó el funcionamiento actual del fuero laboral bonaerense, denunció “una especie de extorsión legal” por el régimen de peritos y aseguró que hoy “la suerte depende de la razonabilidad del letrado que tenga como contraparte”. También apuntó contra la aplicación del fallo “Barrios” y la falta de integración de la Suprema Corte provincial.
El abogado Juan Demarchi analizó en la 99.9 el escenario de la justicia laboral en la provincia de Buenos Aires y, si bien consideró que la reforma impulsada a nivel nacional es “una iniciativa legislativa interesante”, advirtió que su aplicación efectiva se verá obstaculizada por problemas estructurales del sistema procesal bonaerense.
“Siempre hay que poner el pero”, señaló al comienzo, al explicar que quienes trabajan a diario en el fuero laboral provincial “advertimos que el problema de implementación de todas las reformas choca contra algunos obstáculos procesales y funcionales”.
Demarchi sostuvo que en la provincia rige una ley de procedimiento laboral que no está siendo implementada en forma completa. “Seguimos aplicando los vicios de la vieja ley 11.653 que establecía que los juicios laborales se celebran ante tribunales de trabajo de instancia única”, explicó. Ese esquema implica que el proceso se desarrolla con demanda, contestación, producción de prueba y vista de causa, pero que “esa sentencia solamente es recurrible por la vía extraordinaria, previo depósito de capital e intereses”.
En ese sentido, recordó que la nueva ley procesal transformaba esos tribunales en juzgados unipersonales y creaba una Cámara de Apelaciones en lo Laboral, habilitando una vía recursiva ordinaria. Sin embargo, “esa ley fue puesta en vigencia parcialmente por la Provincia de Buenos Aires”, y aunque la Corte dispuso su vigencia plena, “salvo la instauración de los Juzgados del Trabajo y la Cámara del Trabajo”, en la práctica “seguimos en un proceso de instancia única y vía recursiva exclusivamente extraordinaria”.
Para Demarchi, esta situación impacta directamente en quienes generan empleo. Como ejemplo, relató un caso en el que se inició una demanda por 750 millones de pesos por un presunto accidente laboral. “Ya cuando los demandados contestan la demanda dicen que no hay una discapacidad al 100%, porque este hombre registra, según AFIP, dos relaciones laborales vigentes posteriores al accidente”, indicó.
Con el avance del proceso, las pericias determinaron “una discapacidad del 24%” y además señalaron preexistencias en el daño psicológico. “Se llega a la audiencia de vista de causa, declaran los testigos y no se prueba ningún tipo de relación laboral”, detalló. Sin embargo, aun ganando el juicio, los demandados debían afrontar costos millonarios: “Había dos pericias, cada perito regulado al 7%. A los dos demandados ganar el juicio le salía el 14% más los honorarios de sus letrados. El sistema prevé una especie de extorsión legal”.
El abogado explicó que los honorarios de los peritos se fijan sobre el monto de la demanda actualizado. “La demanda era de 740 millones de pesos; a ese monto se le aplica tasa pasiva hasta la fecha de regulación y se regula sobre ese monto”, precisó. Así, aun teniendo “todas las de ganar”, el demandado se ve “obligado a ofrecer una suma de dinero para no erogar esos gastos”.
“Imagínense tener que decirle al cliente: hemos ganado el juicio, pero tenemos 80 millones de pesos de perito y además honorarios calculados sobre un monto irracional. Un disparate total y absoluto”, afirmó.
Demarchi también apuntó contra la aplicación en el fuero laboral del fallo “Barrios”, dictado en materia civil por la Suprema Corte bonaerense. Según explicó, esa sentencia fue “aplicada indiscriminadamente por los tribunales de trabajo a lo largo y ancho de la provincia”, generando “montos de condena absolutamente disparatados y una distorsión de todo el sistema”.
Con el agravante, agregó, de que la Suprema Corte provincial actualmente funciona con solo tres miembros y “desde junio de 2024 no sale ningún fallo que resuelva la cuestión de fondo en materia laboral”.
“El fallo Barrios fue dictado en un juicio civil y los jueces civiles ya venían aplicando esa fórmula hace años. Lo novedoso fue que se aplicó rápidamente en materia laboral”, subrayó, y planteó interrogantes sobre cómo algunos tribunales laborales anticipaban su contenido incluso antes de estar firmado.
En este contexto, consideró que la nueva legislación laboral impulsada por el Gobierno nacional “tiene intereses loables”, pero “lamentablemente, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, va a chocar contra este sistema que está establecido y que a nadie le llama la atención”.
Finalmente, fue contundente al describir el impacto en el entramado productivo: “Es un milagro que haya gente que todavía persista en generar condiciones para dar trabajo en Argentina”. Y cerró con una frase que sintetiza su diagnóstico: “Hoy la realidad es que si uno tiene un proceso laboral, su suerte depende de la razonabilidad del letrado que tenga como contraparte”.