Pese al compromiso del gobernador Jorge Capitanich, activistas sindicales reanudaron la protesta ante la empresa Morante e incluso atacaron con piedras la casa del empresario para intimidarlo. La Justicia sigue sin intervenir
Ni la intervención del gobernador Jorge Capitanich sirvió para que la empresa Morante pudiera trabajar normalmente: el Sindicato de Camioneros reanudó desde hace una semana el bloqueo a la pyme de Resistencia, Chaco, que había reabierto luego del compromiso del mandatario provincial, e incluso los activistas sindicales atacaron con piedras la casa del empresario, pero los vecinos terminaron echándolos del lugar.
Matías Morante es el dueño de dos locales de venta de materiales de construcción que habían bajado las persianas definitivamente el 8 de mayo pasado luego de que manifestantes de Camioneros insistieron en sus protestas extorsivas en reclamo del encuadramiento de 6 de sus 50 empleados. “Nos están asfixiando”, dijo el empresario en la primera etapa del conflicto. “Ya paré todo y voy a cerrar la empresa. Me duele en el alma, intenté de todo, pero nadie nos dio una mano”, afirmó cuando el sindicato retomó los bloqueos. Ahora, resignado, señaló a Infobae: “No podemos seguir más”.
El propietario de la pyme, que tiene sus dos locales bloqueados, ya suspendió a 13 empleados de la sucursal de Resistencia y esta tarde tomará la misma medida con otros 12 de la que está ubicada en el departamento San Martín, a 120 kilómetros de la capital provincial. “El conflicto tomó un tinte más violento que antes -aseguró Morante, apesadumbrado-. Persiguieron a los repartidores, les tiraron hierros en las cubiertas a los camiones, a un empleado lo tuvieron dos días arriba de un camión y no lo dejaron bajar ni para orinar. A otro lo siguieron y le tiraron cascotes, y hubo uno al que lo encerraron con una camioneta, tipo mafia. Ayer tuvimos una reunión con el personal y estuvieron todos de acuerdo en que no se puede seguir más. La gente tiene miedo”.
Aun así, algunos de los empleados de Morante se animaron a enfrentar a los representantes de Camioneros para pedirles que los dejaran trabajar. En un video filmado por uno de ellos, se registra un áspero diálogo entre la encargada del local de Resistencia y un activista sindical. “No están defendiendo nuestros derechos”, le reprochó la mujer. “El que tiene que solucionar esto es Morante. Nos dan los diez choferes y nos vamos”, la desafió el integrante del gremio.
La postura del Sindicato de Camioneros, que a nivel nacional lidera Hugo Moyano, es irreductible: en una entrevista radial con el periodista Carlos Ariel Cáceres, el secretario adjunto del gremio en el Chaco, Agustín Bordón, sostuvo hace dos semanas que “no hay bloqueo ni hay patoterismo” en el conflicto con Morante y se quejó de que el empresario “salió a llorar en los medios” y lo acusó de “estafar a los trabajadores y de tenerlos en negro”.
“Si no va a cumplir los derechos de los trabajadores, que se vaya, que se funda”, dijo en un momento de la charla, e insistió: “Que se funda si se tiene que fundir”. Y amenazó: “Si no hace las cosas como corresponde, le va ir peor todavía”.
Tras calificarlo de “chanta y cagador”, Bordón exigió a Morante “que no salgan a llorar, él y su esposa, con que lo fundimos” y pidió “que deje de mentir” porque el conflicto no empezó “por el encuadre ni el pase a Camioneros, sino para que (los choferes) vuelvan al gremio, como corresponde”.
Incluso lo acusó de haber volcado ante su local de Resistencia una montaña de bolsas de residuos, hecho que el empresario atribuyó al Sindicato de Camioneros. “La basura la mandó a tirar en un volquete para acusarnos a nosotros. Jamás se lo bloqueó. Jamás interceptamos un camión”, afirmó Bordón, aunque hay fotos y videos, que están en la Justicia, que confirman lo contrario.
En el diálogo con Infobae, Morante contó que había cerrado su empresa el 8 de mayo ante la persistencia de los bloqueos y que la reabrió cinco días después luego de que lo convocó el gobernador Capitanich para darle garantías de que iba a poder trabajar con normalidad.
“El viernes 13, los inspectores del Ministerio de Trabajo hicieron un relevamiento del personal en el negocio en Resistencia y nos dijeron que podíamos trabajar, que nadie nos iba a molestar -relató-. El lunes siguiente, algunos clientes recibieron mails del sindicato para advertirles que los iban a bloquear a ellos si nos compraban y el jueves 19 volvieron a bloquear las dos sucursales. Así seguimos hasta hoy. No podemos trabajar. No dejan entrar a los clientes ni a los proveedores”.
Esta vez, según Morante, las protestas fueron más violentas. “Fueron a mi casa a tirar cohetes, ladrillos y cascotes -destacó-, pero los vecinos los echaron y pudieron hacer la denuncia policial. Los empleados también los denunciaron porque los amenazan. Están persiguiéndonos para amenazarnos, incluso en lugares que no tienen nada que ver con el conflicto”.
El empresario espera una audiencia que tendrá lugar el lunes próximo entre su abogado y el Procurador General provincial. “Estos tipos (por los sindicalistas) hacen lo que quieren con nosotros y nadie hace nada -resaltó Morante-. La Justicia tiene que actuar, tiene que resolver favorablemente sobre nuestras denuncias. Desde el jueves pasado hasta anteayer juntamos más pruebas que los 45 días anteriores. Están constatados los delitos, pero la Justicia no actúa. Necesitamos una orden de desalojo y una orden de restricción para poder trabajar. Nos amenazan, nos persiguen, esto es muy grave”.
Otro problema agrava el cuadro de la pyme chaqueña: “Hoy entró un embargo judicial en todas las cuentas bancarias por un pago de impuestos que no hicimos porque no pudimos trabajar y no teníamos plata. El sistema funciona así: estos tipos no nos dejaron trabajar y la ley a nosotros nos cae con todo el peso de manera inmediata, mientras todavía estamos esperando si la Justicia por lo menos resuelve garantizarnos que podamos trabajar tranquilos”.
Morante cerró la charla con una aclaración: “No estamos negando que reclamen, pero que lo hagan de manera correcta. Así como el embargo es la pena a pagar por el incumplimiento, hay un sistema jurídico que encuadra todas esta situaciones. Que lo hagan de forma legal, que no nos fundan”.
El empresario espera una audiencia que tendrá lugar el lunes próximo entre su abogado y el Procurador General provincial. “Estos tipos (por los sindicalistas) hacen lo que quieren con nosotros y nadie hace nada -resaltó Morante-. La Justicia tiene que actuar, tiene que resolver favorablemente sobre nuestras denuncias. Desde el jueves pasado hasta anteayer juntamos más pruebas que los 45 días anteriores. Están constatados los delitos, pero la Justicia no actúa. Necesitamos una orden de desalojo y una orden de restricción para poder trabajar. Nos amenazan, nos persiguen, esto es muy grave”.
Otro problema agrava el cuadro de la pyme chaqueña: “Hoy entró un embargo judicial en todas las cuentas bancarias por un pago de impuestos que no hicimos porque no pudimos trabajar y no teníamos plata. El sistema funciona así: estos tipos no nos dejaron trabajar y la ley a nosotros nos cae con todo el peso de manera inmediata, mientras todavía estamos esperando si la Justicia por lo menos resuelve garantizarnos que podamos trabajar tranquilos”.
Morante cerró la charla con una aclaración: “No estamos negando que reclamen, pero que lo hagan de manera correcta. Así como el embargo es la pena a pagar por el incumplimiento, hay un sistema jurídico que encuadra todas esta situaciones. Que lo hagan de forma legal, que no nos fundan”.