El oficialismo busca modificar el tiempo del mandato y la forma de elección del Procurador.
¿Qué pasará con el futuro del juez Rafecas? El oficialismo trabaja para modificar la Ley del Ministerio Público para que el procurador pueda ser designado por mayoría simple.
Pero el juez federal ya ha hecho saber que sino es designado con los dos tercios de los votos de los senadores no está interesado en acceder al cargo que le ofreció Alberto Fernández.
El problema es que el Frente de Todos no tiene los dos tercios de los votos para asegurara su nombramiento, por eso se encuentra en un limbo.
En las últimas semanas Lilita Carrió dijo que se debería acompañar al gobierno en la designación de Rafecas, pero la Coalición Cívica no tiene senadores.
Por eso debería obligar a que adopten esta tesitura senadores de Juntos por el Cambio de la UCR, una jugada difícil en estos momentos de tensión que vive la coalición opositora.
Modificar la ley
De todos modos, cerca de la vicepresidenta Cristina Fernández dicen que la intención es avanzar en la modificación de la ley del Ministerio Público.
Después se verá, si Rafecas no acepta ser nombrado por una mayoría simple, si se eligue a otro candidatos para ser jefe de todos los fiscales.
En esa línea, ayer especialistas en materia jurídica coincidieron en la necesidad de establecer un límite de tiempo a la duración del mandato del Procurador General de la Nación.
También acordaron en que se debe modificar el reglamento para designar al jefe de los fiscales con mayoría simple, en una audiencia realizada en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.
El análisis en el Senado se apoya en tres proyectos de ley presentados por los senadores opositores Martín Lousteau y Lucila Crexell para modificar la Ley del Ministerio Público con respecto a la duración de los mandatos.
Habla Binder
El presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y Profesor de Posgrado de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires, Ernesto Binder, recordó que “todos los países de América Latina que pasaron a un sistema acusatorio abandonaron la idea del carácter vitalicio del Ministerio Público” y agregó que también tomaron ese camino Santa Fe, Salta, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Es conveniente. El desgaste de la persecución penal hace que haya un consenso muy amplio alrededor de que debe existir un plazo porque, de lo contrario, se termina en una transferencia muy nociva hacia entornos burocráticos que generan graves distorsiones en el sistema político”, afirmó.
Evaluó que “sería dar un salto de calidad enorme ponerle un plazo al procurador” y opinó que el mandato debería durar cuatro años y, cuando el Gobierno finaliza su gestión, “el procurador debería irse”.
No obstante, si bien aceptó que “un plazo de seis años acentuaría la autonomía del fiscal” porque “permite establecer una política de persecución penal”, podría convertirse en un “problema” un eventual cambio de “signo político” del Gobierno.
En cuanto a las mayorías necesarias, Binder reflexionó: “Si se opta por un mandato de cuatro años, con cambio de Gobierno y de Procurador, el número de la mayoría se puede relajar” y pasar de dos tercios, como es actualmente, a la mitad más uno de los votos de los integrantes del Senado.
“Si uno va a los modelos de seis años y que el Procurador trabaje con Gobierno de distinto signo: es mejor tener el número de los dos tercios para que el procurador tenga consenso de la dirigencia política”, diferenció.
Opina Rusconi
Coincidió con Binder el abogado Maximiliano Rusconi, exfiscal general de la Procuración General de la Nación y abogado de, entre otros, el expresidente y hoy senador Carlos Menem, del excolaborador del fiscal Alberto Nisman, Diego Lagomarsino; y del exministro de Planificación Julio De Vido.
“El ministerio público es el formulador de la política criminal del estado. No puede haber contradicciones con otros poderes”, afirmó.
Además, aconsejó a los senadores “menos adrenalina para obstaculizar el pliego que propone el Poder Ejecutivo (del juez federal Daniel Rafecas como procurador) y más control a Procuración”.
La palabra de Erbetta
Finalmente Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, planteó que en una República “hay periodicidad para todos” y adjudicó a los procuradores un “rol decisivo porque tienen a su cargo el diseño de la política de persecución penal”.
“La periodicidad no la discute nadie. ¿Quién va a defender que una persona que maneja una estructura con tanto poder pueda tener un cargo vitalicio? Es insostenible”, afirmó.
Por ello, apuntó que “si hay un límite en la periodicidad de los mandatos, el problema de las mayorías se relativiza” y, en ese sentido, cuestionó a los senadores por el estancamiento al que se llegó en la elección del nuevo Procurador General.
“No hay nada peor que tener un procurador interino como regla. Hay que tener un procurador que esté legitimado”, expresó Erbetta en referencia al actual jefe de los fiscales, Eduardo Casal, designado por el gobierno de Cambiemos.
Finalmente, el ministro de la Corte santafecina consideró que un mandato de seis años “es adecuado” y que uno de cuatro “es muy corto”.
“No me parece decisivo el tema de las mayorías porque la periodicidad me está limitando. Y porque, si tengo controles y debo rendir cuentas ante el Congreso, la cosa es diferente”, explicó.