Posible frente de conflicto con los grupos piqueteros con los que se pactó emergencia social. En el Ministerio de Trabajo preparan un rediseño integral de los programas para enfocarlos hacia la empleabilidad. Habrá más requisitos.
El vínculo del Gobierno con las organizaciones sociales será replanteado este año. En esa línea, las entidades de desocupados o trabajadores de la economía popular dejarán de ser el canal de distribución de los planes entregados por el Estado nacional. Como parte de un rediseño integral de los programas de asistencia, además, se anularán los que entrega el Ministerio de Trabajo y se los reemplazará por otros específicamente orientados a la empleabilidad y no sólo a la asistencia.
La “salida de su rol de efectores” de las organizaciones sociales respecto de los planes forma parte de los objetivos 2017 de la cartera laboral. Se trata, según admitieron cerca del ministro Jorge Triaca, de un cambio en la orientación de las tareas conjuntas entre el Gobierno y las entidades a través de un nuevo esquema de programas sociales con muchos más requisitos por parte de sus beneficiarios y con un sesgo, al menos en esa repartición, ligado centralmente a la reinserción laboral.
El objetivo, dijeron los funcionarios, será mantener el trabajo con las organizaciones sociales pero sobre la base de planes mucho más específicos, con un seguimiento real y con más condiciones previas a su entrega. Las entidades mantendrán su rol como nexo y se las invitará a participar del diseño de los programas pero se buscará dejar de lado su tarea de distribución de los planes entre sus afiliados, como suele suceder en la actualidad.
En el documento interno de Trabajo, al que accedió este diario, las autoridades se proponen “un ahorro cercano a los 1.000 millones de pesos debido a 10 políticas que no siguen” en este año. Entre los planes que serán anulados -y eventualmente reformateados, según aclararon en la cartera- figuran el de Entrenamiento en el Trabajo e Inserción Laboral, que tuvo el año pasado un presupuesto de 570 millones de pesos; el Seguro de Capacitación y Empleo, con 200 millones de pesos asignados; el Programa Empleo y Capacitación, con $36 millones, y otro de Formación Profesional Pública, que dispuso de 20 millones de pesos.
Las pautas 2017 del equipo de Triaca detallan, además, el destino de esos recursos según su distribución hasta el año pasado entre organizaciones sociales. Así, al tope del ranking figura Barrios de Pie, que recibió por mes un promedio de $11.348.619, seguido de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), con $10.426.800, la Tupac Amaru (que lidera la encarcelada dirigente jujeña Milagro Sala), con $ 7.832.600, la Martín Fierro, con $ 7.519.770, la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), con $ 7.100.025, y una organización sanjuanina (UyE), CON 6.673.200 pesos.
Con menos recursos entregados el año pasado aparecen en la lista la Corriente Clasista y Combativa, que lidera Juan Carlos Alderete, con $5.992.650, el Movimiento Sin Trabajo “Teresa Vive” (MST), con $4.854.125, el Frente Darío Santillán, con $1.236.040, y la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas, con 531.360 pesos recibidos en 2016. Otros 23.431.260 pesos fueron distribuidos entre otras organizaciones.
El rediseño, de prosperar tal como fue planteado en el plan de acción 2017, pondrá en riesgo el acuerdo sellado sobre el fin de año entre el Gobierno nacional y un núcleo de entidades sociales como la CTEP, Barrios de Pie y la CCC. Con ellas, Triaca y su par de Desarrollo Social, Carolina Stanley, pactaron los términos del proyecto de ley de Emergencia Social que terminó por ser aprobado en tiempo récord, a mediados del mes pasado, por el Congreso nacional y que prevé incrementar los recursos para sectores vulnerables en hasta 30 mil millones de pesos.
A través de esa normativa la emergencia social fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2019. Esa declaración abrió la puerta para las reestructuraciones presupuestarias que eventualmente estirarán hasta el monto máximo previsto el envío de fondos. La ley 27.345, además, establece la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (Cepssc), en la órbita de la cartera de Desarrollo Social, como “ámbito institucional permanente” para determinar los lineamientos a seguir en el cumplimiento de los objetivos de la normativa.