El abogado interpuso un amparo para que la oficina de Defensa al Consumidor tenga atención presencial plena y a pesar de que lo hizo en diciembre del 2020 obtuvieron la resolución la semana pasada.
Los tiempos de la justicia, evidentemente son muy lentos en Argentina. El abogado Rafael Luena presentó un amparo en diciembre del 2020 indicando que la oficina de Defensa al Consumidor debía tener atención presencial plena luego de que se levantaran las restricciones de la pandemia. Sin embargo, la resolución definitiva recién se consiguió la semana pasada, previa medida cautelar en enero de este año.
El propio letrado, especialista en temas de consumidor y defensa de la competencia, se refirió al tema en la 99.9: “la municipalidad tiene que haberse notificado de la sentencia el día viernes cuando se resolvió la aceptación de la acción de amparo que ordena la apertura total y plena de la oficina. Creo que están en plazo para apelar y quizás sigan reticentes, pero tendrían que tener la oficina abierta como corresponde”.
La oficina durante todo el año atendió en un horario inverosímil y además sin abrir sus puertas, algo que Luena marcó como inaceptable: “entiendo que es sumamente importante la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Me parece que lo que le sirve al consumidor es que haya una oficina administrativa que efectivamente proteja nuestros derechos y se ocupe de darnos asistencia. Eso no puede suceder si hay que ir de 10 a 12 a una oficina que tiene las persianas bajas”.
Con la llegada incluso de visitantes en el verano, esta situación es aún más necesaria aunque para la municipalidad parece estar lejos de ser una prioridad: “los vecinos del partido y los visitantes ocasionales, tienen que conocer sus derechos como consumidores o usuarios. Esta oficina administrativa, tiene raigambre constitucional. Hay un deber de proteger los derechos de consumidores y usuarios y la municipalidad se lo tiene que tomar con la seriedad del caso”.
Uno de los ejemplos más claros con los que se ha encontrado Luena es el reclamo hacia obras sociales y prepagas: “hay usuarios que no tienen posibilidad de que le hagan reintegros o autorizaciones de estudios que necesitan y no tienen donde acudir. Una oficina pública como esta pone la vara de lo que después pueden hacer los privados para la respuesta”, finalizó.