Las ONG humanitarias denuncian el creciente y “alarmante” uso de la pena de muerte (al menos 333, frente a los 267 casos del año anterior), una “práctica inhumana”. Condenaron a la horca a 17 mujeres (a nueve, en 2020). Dos eran menores de edad cuando cometieron el crimen. Las minorías étnicas, especialmente los beluchis, también están bajo la mira.
Tras la elección del presidente ultraconservador Ebrahim Raisi -en junio del año pasado, cuando sucedió al moderado Hassan Rouhani al frente del país- el uso de la pena de muerte se ha acelerado de manera “alarmante”, con un aumento del 25% en 2021. Dos asociaciones de derechos humanos, una francesa y otra noruega, informan de que se han quintuplicado (respecto a 2020) los delitos relacionados con el tráfico de drogas (126). Y, lo que es más llamativo, hubo un pico de ejecuciones de mujeres (se duplicaron) en un país que, ya el año pasado, era el primero del mundo en número de personas ejecutadas en proporción a la población.
Según datos publicados por Iran Human Rights (IHR) y Juntos contra la Pena de Muerte (ECPM), el uso del verdugo ha aumentado en la República Islámica, en algunos casos “un medio de represión” para contrarrestar “a los numerosos opositores”. En una declaración conjunta difundida ayer, las dos ONGs afirmaron que la principal causa de la condena a muerte es el homicidio, pero que también está creciendo el uso de la pena capital para los delitos relacionados con el tráfico de drogas..
En 2021 ejecutaron a cuando menos 333 presos, lo que supone un aumento del 25% respecto al año anterior (267). La mayor aceleración, señalan los activistas, “se produjo tras la elección” de Raisi “y los casos se duplicaron en el segundo semestre” del año pasado “en comparación con el primer semestre” de 2021. En concreto, hay una cifra que da que pensar: el año pasado, al menos 17 mujeres acabaron en manos del verdugo, frente a las nueve de 2020, además de dos personas que aún eran menores de edad en el momento del crimen.
De las 17 mujeres muertas en la horca, 12 fueron ejecutadas por casos de homicidio Preocupan especialmente las ejecuciones de mujeres condenadas por matar a sus cónyuges, tras haber sufrido episodios de violencia doméstica, incluso grave. Además, la legislación iraní anima a los denunciantes -ya sea la familia de la víctima o del condenado, si el delito implica a un pariente- a asistir en persona a las ejecuciones. Las ONG citan el caso de Maryam Karimi, condenada por matar a su violento marido, que se negaba a concederle el divorcio. En marzo de 2021, fue la propia hija de Karimi quien aplicó la sentencia de muerte.
En cuanto a las ejecuciones por delitos vinculados a drogas, hubo unas 100 más, respecto a las 25 del 2020. También se ha producido una escalada con respecto a las minorías étnicas, ya que el 21% de las personas ahorcadas son de etnia baluchi, pese a que el porcentaje de la población total se sitúa entre el 2 y el 6%. El informe también denuncia el uso “sistemático” de la tortura física y psicológica en las cárceles, como método para “extraer confesiones” que luego servirán de base para las condenas a muerte. Además, hay casos de muertes sospechosas en prisión -como consecuencia de la tortura o la negativa a brindar atención médica adecuada- y la gran mayoría quedan impunes.
Frente al uso sistemático, la opinión pública parece ser cada vez más contraria a la pena de muerte, mientras que la “diva” [el pago de una suma de dinero a los familiares, a cambio de la vida] y el perdón ganan más respaldo que antes. La práctica “inhumana” de matar para castigar a alguien por una muerte “ya no es tan popular entre los iraníes”, subraya el director Ihr Mahmood Amiry-Moghaddam. Sin embargo, sigue siendo utilizada por las autoridades para “sembrar el miedo y volver a los ciudadanos cómplices de su brutalidad y violencia”. De ahí el último llamamiento de las dos ONG [nuevamente en vano] para que se incluya la cuestión de los derechos humanos en las negociaciones sobre la cuestión nuclear