Por esta causa, iniciada por el abogado platense Marcelo Peña, titular del partido “Es Posible” de los hermanos Rodríguez Saá en la provincia de Buenos Aires, Scioli había sido sobreseído en octubre del año pasado.
La Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata reabrió una causa contra el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex candidato presidencial por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, acusado de enriquecimiento ilícito, informaron a última hora de la noche del viernes voceros judiciales.
Por esta causa, iniciada por el abogado platense Marcelo Peña, titular del partido “Es Posible” de los hermanos Rodríguez Saá en la provincia de Buenos Aires, Scioli había sido sobreseído en octubre del año pasado.
Ahora la reabrieron y se producirán novedades en el expediente.
El año pasado el fallo que benefició a Scioli había sido dictado por el juez de Garantías 3, Pablo Reale, pero Peña apeló ante el Tribunal de Casación Penal Bonaerense y la Sala IV, integrada por los jueces Carlos Argüero, Carlos Silva Acevedo y María Riusech, le concedió el recurso para que el ex gobernador sea investigado nuevamente por la Cámara de La Plata.
Casación fundamentó la necesidad de reabrir la causa al considerarla “un caso de gravedad institucional la forma en que fue sobreseído el ex mandatario provincial”.
La causa contra Scioli se inició en abril del 2014 por una denuncia del abogado Rafael Velischek y, según fuentes de la Justicia, no se hicieron pericias y el juez lo sobreseyó sin que el fiscal apelara.
Derechos
“El fallo que ahora se recurre resulta arbitrario, siendo claro que como ciudadano denuncio que se agravia, al vulnerarse los derechos constitucionales respecto a una adecuada administración de justicia; del debido proceso y legalidad, entre otros”, expresó Peña.
Finalmente consideró que “al resolver el sobreseimiento al Sr. Daniel Scioli”, el juez de Garantías en lo Penal Nº 3 del Departamento Judicial de La Plata no sustentó “tal decisión en las disposiciones de la ley adjetiva, ni doctrina legal vigente, ni sostener la misma con los elementos probatorios del expediente”.
Además, el abogado denunciante cuestionó que el fiscal interviniente “omitió su tratamiento probatorio”.