En los diez primeros días de agosto se han registrado 10.136 incendios, a pesar de la presencia del ejército en la zona y de las medidas decretadas por el gobierno brasileño.
El mes de agosto supone el inicio de la temporada de incendios en el Amazonas, ya que es la época más seca del año en la zona. Cada año se detectan centenares de fuegos por toda la región, pero este 2020 está suponiendo un récord respecto a lo sucedido en los últimos años: solo en los diez primeros días del mes se han contabilizado 10.136 incendios en la Amazonía, lo que supone el mayor número registrado de la última década.
Para uno de los responsables del área forestal de Greenpeace Brasil, Rómulo Batista, las cifras son “el resultado directo de la falta de una política ambiental de este gobierno. Tuvimos más incendios que el año pasado”. Pero los activistas no son los únicos que culpan directamente al gobierno brasileño: Candido Bacher, director general del banco más grande de Brasil, Itaú Unibanco, asegura que “es una situación muy preocupante. La política ambiental del gobierno sobre el tema de la Amazonía no está funcionando”.
Todas las miradas apuntan a Jair Bolsonaro. El presidente brasileño levantaba la voz esta misma semana para asegurar que las cifras que se están publicando son “una mentira”. Y recordaba la medida tomada en el mes de julio de prohibir los fuegos en la región de la Amazonía y de Pantanal durante 120 días. Los datos confirman que esa decisión no está funcionando como esperaban.
El ejército no ayuda
El gobierno de Bolsonaro había decidido en el mes de mayo enviar al ejército a algunas de las zonas más calientes del Amazonas. Pero en lugar de servir para ayudar a reducir el número de fuegos, la situación es aún peor: en julio hubo un 34 por ciento más de incendios que en el mismo mes del año anterior, según cifras del propio Instituto de Investigación Espacial de Brasil (INPE), que monitoriza la región con imágenes procedentes de satélites.
Para Rómulo Batista, esa operación del ejército no es más que propaganda: “La deforestación no se combate con una operación del ejército, sino que se trabaja todo el año con inteligencia y coordinación”. El gobierno denominó esta actuación como ‘Operación Brasil Verde 2’ y, según sus propias cifras, ha servido para incautarse de 28.100 metros cúbicos de madera y ha para imponer unos 650.000 euros en multas. Aparentemente, no son grandes cifras.
Un grupo de empresas y organismos han formado el Consejo Empresarial Brasileño para el Desarrollo Sostenible (CEBDS), que exige acciones determinantes para proteger el Amazonas. En declaraciones a The Guardian, su presidenta, Marina Grossi, no quiere entrar en polémicas: “Este no es un tema ideológico. Cuando no tienes una política clara al respecto, comprometes a estas empresas. Pierdes valor y el país pierde”.
Una de las fórmulas para acabar con la deforestación es que las empresas del sector alimentario no compren a aquellos ganaderos que se están aprovechando de la situación. Candido Bracher señala que su banco no financiará a esas empresas cárnicas: “Queremos garantizar que la industria no se abastezca con carne de rebaños criados en áreas deforestadas. Haremos esto rastreando”.