En la central sindical entienden que este año el proyecto ya no sale, pero igual el oficialismo quiere tratarlo en la Cámara Alta. Apuestan a debilitar al camionero y a dejarlo pegado a los K.
Pese a las señales en contra, la hoja de ruta del Gobierno para el tratamiento en el Congreso de la reforma laboral se mantiene inalterable: buscarán que el proyecto sea tratado en el Senado en la última semana del año. En principio, la determinación oficial choca contra la advertencia pública de Miguel Pichetto, jefe de la bancada del PJ, de que la reforma no avanzaría y a que en la propia conducción de la CGT entienden que “ya no queda tiempo material” para que la iniciativa sea aprobada antes de fines de 2017.
Pero detrás del genuino interés de la Casa Rosada en que el proyecto se trate, hay otra intención para forzar su tratamiento: el oficialismo juega a dejar aislados a Hugo y a Pablo Moyano en la CGT y a “mostrar” que la resistencia de ambos a la reforma laboral obedece a un “negocio y no a principios”, en referencia al interés de padre e hijo en evitar la quiebra de la empresa postal OCA.
De yapa, en el Gobierno se entusiasman con que la CGT podría quedar “degradada” como interlocutora (“asumieron un compromiso que no pueden cumplir”, dicen en un despacho oficial) y con que los Moyano quedarían “pegados” al kirchnerismo en el rechazo al proyecto de reforma laboral. El miércoles, Pablo Moyano impulsó una protesta al Congreso contra la iniciativa junto a gremios K.
En caso de que el oficialismo logre llevar el proyecto al recinto del Senado entre Navidad y Año Nuevo, en el Gobierno aseguran contar con el compromiso político de la conducción cegetista de que irá al Congreso a avalar la reforma.
Eso es algo que reclamaron los senadores peronistas para destrabar el tratamiento del proyecto. Pero también exigieron una homogeneidad en la posición de la central sindical peronista. En otras palabras, que era necesario que el triunviro cegetista saliera a bancar el proyecto pero también que Pablo Moyano se llamara a silencio y dejara de agitar el fantasma de la “Banelco” detrás de la reforma laboral.
En la CGT decían anoche que ese último pedido era imposible de cumplir. “Ni en el Gobierno hay uniformidad de posiciones, ¿cómo van a pretender que la tengamos nosotros?”, se preguntó un integrante de la mesa chica de la central sindical. Otro agregó: “¿Cómo vamos a callarlo cuando ahora se dice que la Justicia está investigando a Pablo Moyano?
De acuerdo con la interpretación que hacen en la CGT, la posición hasta ahora inflexible de Pichetto también obedecería a la interna dentro del peronismo y a la llegada de Cristina Kirchner al Senado. “Miguel no quieren que lo corran por izquierda con la reforma”, dijeron.
De acuerdo con fuentes oficiales, hubo alguna sugerencia de sectores sindicales de desdoblar el tratamiento del proyecto de reforma.
Arrancar ahora en diciembre con las cuestiones que no generan rechazo, como el blanqueo de trabajadores, la capacitación y la creación de una agencia para evaluar tecnologías de la salud, y patear para más adelante el articulado más controvertido. Pero la propuesta fue rechazada por el Gobierno, que quiere tratar la iniciativa de manera integral.
En la CGT consideran que “este año” la reforma ya no sale. Igual adelantan que si hubiera tratamiento, van a ir a avalar el proyecto y a proponer algunos retoques, como por ejemplo que los trabajadores informáticos de las empresas no puedan ser tercerizados como los de seguridad o gastronomía. En la central sindical se preocupan en aclarar que el proyecto no es de ellos sino del Gobierno y que es éste el que lo motoriza.
Dirigentes cegetistas admitían ayer que los planetas se le podrían alinear al Gobierno y la iniciativa ser tratada antes de fin de año en función de la “dinámica” que tome la pelea entre los Moyano y la administración macrista.
“Habrá que ver qué va surgiendo en el camino para determinar si Hugo está más fuerte o más débil”, dijo ayer el líder de un poderoso gremio. Para ese dirigente, como para otros, la detención el jueves pasado de Noray Nakis, vicepresidente de Independiente, fue un aviso para el jefe de los Camioneros.
En diversos ámbitos se interpreta que la resistencia de los Moyano a la reforma está atada a la situación de la postal OCA, que atraviesa una crítica situación financiera y corre el peligro de perder su licencia para operar.
La empresa tiene unos 7.000 trabajadores, todos afiliados a Camioneros. El Gobierno le trasmitió a Moyano que así la compañía no es viable, que debería ser reestructurada y reducir su planta a 6.000 empleados.