Según una investigación de Eliminando Variables, el hoy ministro y una empresaria le prestaron dólares a un matrimonio a una tasa del 12% en plena convertibilidad. Luego quisieron hacerse de la vivienda por falta de pago y plantearon la inconstitucionalidad de la pesificación. Voceros de Kicillof dijeron que él había puesto su dinero en una escribanía y siempre se mantuvo al margen.
El ministro de Economía y primer candidato a diputado por el kirchnerismo Axel Kicillof aparentemente no siempre estuvo en contra de los préstamos en dólares a tasas elevadas ni a favor de la pesificación. Según una investigación del blog Eliminando Variables, el propio Kicillof no sólo realizó un préstamo personal en dólares en los 90 a una tasa del 12% cuando la inflación era prácticamente inexistente sino que, además, intentó ejecutar la hipoteca que operaba como garantía de ese crédito y, más tarde, trató de que un juzgado declarara inconstitucional la pesificación.
Conocida la información, desde el entorno del ministro lo atribuyeron a una supuesta “operación de prensa”, aunque no negaron los hechos. “Kicillof puso sus ahorros en una escribanía (…) Era algo típico del momento y él nunca conoció a esa familia” y “se mantuvo al margen de la negociación”, afirmaron voceros del ministro en declaraciones al portal del diario Perfil. “Fue un préstamo. Y como cualquiera que presta, quiere que le devuelvan su plata”, agregaron.
La investigación de los periodistas José M. Stella (@StellaJoseM) e Ignacio Montes de Oca (@nachomdeo) revela que el hoy ministro y la empresaria Susana Kantor le prestaron en 1993 u$s 6300 a un matrimonio tomando como garantía de hipoteca una vivienda en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Del total, Kicillof aportó u$s 2060.
El préstamo, con fecha del 29 de septiembre de ese año, estipulaba un interés del 12% anual y la devolución del capital a los seis meses, en dólares o en pesos pero a la cotización de Nueva York, Montevideo o la que resultara de la cotización de bonos argentinos en el mercado uruguayo. Una de las cláusulas ponía los punitorios también en el 12% anual.
Stella y Montes de Oca hacen un pormenorizado resumen de las condiciones del préstamo tal como fueron estipuladas en el acta notarial en la que por ejemplo, según su investigación, los deudores “renunciaban a recusar sin causa al juzgado o secretaría” en donde se iniciara una eventual demanda por la hipoteca.
Según se desprende de lo publicado por Eliminando Variables, el crédito no fue cancelado en 1994 sino que durante años los deudores pagaron mes a mes los intereses del 12% anual. Pero esos pagos se interrumpieron a mediados del año 2000 y entonces Kicillof y Kantor instruyeron a sus abogados para que iniciaran el reclamo por una deuda que entonces sumaba los u$s 6300 originales más u$s 462 por poco más de 100 días de atraso en el pago de intereses.
Sin novedades hasta junio del 2001, pidieron el remate público de la propiedad y la designación de un martillero, entre otras medidas. El 28 de noviembre del 2001 el juez Claudio Ramos Feijoo decretó la subasta del inmueble; mientras, Kicillof presentó un escrito en el que dejaba en claro que no quería pesos sino dólares en efectivo y abría la chance de ser él el comprador de la vivienda sobre la que estaba pidiendo la ejecución de la hipoteca. El 5 de diciembre, el juez accedió a los pedidos de Kicillof.
En el medio, justo por esos días, había arrancado el “corralito” financiero. Y poco después, vinieron la caída de Fernando De la Rúa, el más que complicado final del 2001, la pesificación de Eduardo Duhalde –de la que Kicillof pidió la inconstitucionalidad- y, para peor para los intereses monetarios del hoy ministro, la suspensión de las ejecuciones hipotecarias. En otro escrito, Kicillof y Kantor insistieron en que la pesificación representaba “una relación de cambio irreal y confiscatoria”, y que, junto con “la suspensión de las ejecuciones hipotecarias”, vulneraba “derechos y garantías” constitucionales.
El caso se dilató por otros dos años y en 2004, tras una nueva publicación de la subasta, Kicillof y Kantor alcanzaron un acuerdo extrajudicial con sus deudores por una cifra no precisada.
En el medio, según los documentos publicados por Eliminando Variables, el candidato a diputado nacional prestó en dólares al 12% en un contexto sin inflación, quiso ejecutar una hipoteca porque le debían poco más de 2000 dólares y batalló judicialmente contra la pesificación y la suspensión de las ejecuciones hipotecarias.