El fiscal habló en la 99.9 acerca de los casos en los que intervino considerando que se puede aplicar la figura de la tortura para los delincuentes, algo que en la actualidad sólo se reserva a los funcionarios públicos.
Los recientes casos de violencia en ocasión de robo que terminan con la víctima atacando y matando al delincuente, han puesto nuevamente en tela de juicio los límites de la legítima defensa.
El fiscal Rodolfo Moure, habló en la 99.9 acerca de una idea que presentó en un proceso penal en una ocasión y que se refrendó luego con un proyecto de ley que nunca tuvo tratamiento. Lo que buscan es que se incorpore la figura de torturas en este tipo de delitos, algo que hasta la actualidad no se puede incorporar.
“Fue un caso que sucedió hace 8 o 9 años donde un grupo de delincuentes ingresaron a la casa y torturaron a la víctima después de atarlo a la silla. Le pasaron corriente, simularon fusilamiento y que iban a violar a su esposa delante de los hijos”, comentó sobre el caso donde le tocó actuar. “Consideramos que eso era tortura, una figura que sólo se puede aplicar a los funcionarios públicos. Es increíble porque 9 de cada 10 torturas que se dan, se provocan en la situación de un robo y por civiles. El Código Penal no cambió y dice que sólo el estado puede torturar”, explicó luego.
El acompañamiento de los jueces fue fundamental para lograr una pena y reconocer la tortura en un acto delictivo: “en aquél momento los jueces consideraron que los civiles también podían torturar y lo condenaron a 18 años de prisión”.
La limitación surge luego de la última dictadura militar donde no se quita la figura de la tortura del Código Penal, sino que por el contrario lo colocan en un sólo efector: “en la Convención Interamericana de Derechos Humanos se agrega la definición de tortura donde sólo los funcionarios públicos pueden torturar, como si fuera un delito exclusivo. Incluso con ese fallo, tuve reclamos de organización de derechos humanos”.
No es el único fiscal que ha tenido oportunidad de pensar y desarrollar una idea respecto de este tema, sino que uno de sus colegas redactó un proyecto de ley: “el fiscal Moyano presentó un proyecto ante el Congreso y quedó cajoneado. Hoy vuelve a recrudecer este debate con la violencia que estamos viendo en los hechos”.
En medio de la delgada línea que permite tomar represalia frente a alguien que está haciendo una intrusión ilegal y ataca con violencia, se debe hacer una diferenciación según Moure: “lo que autoriza la ley es la defensa y no la venganza, es la diferencia. Habría que hacer una reforma al respecto porque ciudadanos honestos se meten en un problema legal por la inacción del estado para el control de la criminalidad”.
En los últimos casos, se ve también que los que salen de la cárcel luego de cumplir una pena, no necesariamente lo hacen sin intenciones de delinquir. Incluso a veces por el contrario, delinquen apenas una horas después de su liberación: “hay personas que no se pueden resociabilizar en la cárcel, no es una cuestión de cuanto tiempo permanece preso. No habría que reinsertarla en la sociedad por más que cumpla con la pena, después debería existir un informe psicológico y psiquiátrico serio que indique si puede volver a la sociedad. Tendría que ser tratado, en caso de ser negativo, como un caso de salud mental o salud pública”.
Como contra partida, Moure señaló que matar a un delincuente, para una persona del común significa un profundo cambio en su vida: “la persona que mata un delincuente, se le viene un calvario encima. Se tiene que mudar de casa, soportar a la familia del delincuente, se le causan problemas familiares con su esposa e hijos; es un problema civil enorme porque a veces hasta terminan demandando a la persona”.