El arresto se produce por las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en su campaña contra el narcotráfico.
El expresidente filipino Rodrigo Duterte fue detenido este martes en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino (NAIA) de Manila, en virtud de una orden emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) que investiga graves acusaciones por presuntos “crímenes contra la humanidad” cometidos durante su despiadada “guerra contra las drogas”. Este oscuro capítulo de su administración ha generado una creciente presión para que rinda cuentas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante su controvertido mandato.
El político de 79 años regresaba a Filipinas tras un breve viaje a Hong Kong, donde participó en un evento electoral previo a los comicios de mayo. Durante su intervención, ofreció un apasionado discurso que resonó entre cientos de trabajadores filipinos, aplaudiendo su retórica incendiaria. En medio de rumores sobre su posible arresto no escatimó en críticas hacia la CPI, a la que calificó de «hijos de puta» y en el que admitió en tono desafiante que aceptaría el arresto si así lo requiriese las circunstancias.
En un momento de gran tensión, Duterte mostró su resistencia ante lo que considera un ataque a su autoridad y un intento de socavar su legado. Fiel a su estilo provocador, minutos antes de su detención advirtió: “Tendrán que matarme primero” mientras descendía del avión, según reportes de medios locales. En un video publicado por el medio filipino Rappler, se le observa sentado en un sillón con un semblante serio, desafiando a las autoridades al preguntar: “Muéstrenme ahora la base jurídica por la que me encuentro aquí”, mientras insistía en que “deben responder por esta privación de mi libertad”.
La inesperada captura desató una ola de conmoción en el aeródromo, donde sus abogados y asistentes expresaron su indignación al ser impedidos de acercarse a él. En medio del caos, un médico y varios letrados se unieron a las protestas, subrayando la gravedad de la situación. “Es una violación de su derecho constitucional”, declaró a la prensa el senador Bong Go, un estrecho aliado del ex presidente.
Por su parte, el representante del partido socialista democrático Akbayan, Perci Cendaña, celebró la acción policial, enfatizando la necesidad de rendición de cuentas por su polémica gestión. “Usted lo pidió, ahora está aquí. Asuma toda la responsabilidad por las miles de muertes causadas por su sangrienta y moralmente en quiebra guerra contra las drogas”, declaró Cendaña en un comunicado contundente. “Nos alivia que el mundo finalmente vea su legado tal como es: graves abusos a los derechos humanos, corrupción rampante y una insaciable sed de poder”.
“Su aprehensión podría acercar a las víctimas y a sus familias a la justicia y envía el claro mensaje de que nadie está por encima de la ley. El gobierno de Marcos debe entregarlo rápidamente a la CPI”, declaró Bryony Lau, directora adjunta para Asia de Human Rights Watch, en un comunicado.
Duterte se encuentra bajo el escrutinio del Tribunal internacional por un caso de crímenes de lesa humanidad por su sangrienta guerra contra las drogas. Desde su llegada al poder en junio de 2016, implementó de inmediato su promesa electoral de erradicar la delincuencia, desatando una brutal campaña contra el narcotráfico que, según él, era esencial para la supervivencia de la nación. En su retórica, los consumidores y traficantes de drogas eran considerados “elementos” peligrosos que ponían en riesgo la seguridad del territorio.
Al día siguiente de asumir la presidencia, las fuerzas policiales comenzaron a llevar a cabo detenciones y ejecuciones de presuntos consumidores de drogas a través de la Operación ‘Tokhang’, centrada en los barrios marginales, y la Operación ‘Doble Barril’, enfocada en los capos del narcotráfico. En un alarmante informe de Amnistía Internacional, se documentaron más de 7.000 muertes en los primeros seis meses de esta ofensiva.
Mientras la Policía Nacional de Filipinas reportaba oficialmente 5,526 muertes hasta diciembre de 2020, esta cifra es ampliamente considerada insuficiente y no incluye las ejecuciones extrajudiciales realizadas por grupos de vigilantes. Organizaciones de derechos humanos locales han estimado que el verdadero total de víctimas podría alcanzar cerca de los 30.000, lo que desata un intenso debate sobre la legitimidad de dichas políticas.
Antes de su captura, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una alerta roja contra él, en respuesta a la orden de detención emitida por la CPI.El archipiélago asiático, bajo su dirección, se retiró de la CPI en 2019, pero el tribunal con sede en La Haya sostiene que mantiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos antes de esa salida, incluyendo los incidentes en Davao durante su gestión como alcalde. A pesar de las críticas y las investigaciones en curso, continúa siendo una figura popular entre amplios sectores de la población, que valoran sus contundentes medidas contra la delincuencia.
La entrega de Duterte representa un desafío logístico, y podría desencadenar una serie de repercusiones políticas en la región. La respuesta de sus aliados y la posible resistencia de sus seguidores podrían complicar aún más la situación, convirtiendo este caso en un punto crítico en la lucha contra la impunidad y la promoción de los derechos humanos en el ámbito global.
Al parecer, ahora deberá ser entregado a un estado miembro de la Corte Penal Internacional antes de ser trasladado a La Haya, en los Países Bajos, según lo indicado por Kristina Conti, abogada adjunta de la CPI.
Este Tribunal no solo se enfrenta al desafío de procesar a Duterte; también ha emitido órdenes similares contra otros líderes de renombre, como el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, por genocidio en Gaza, y contra Vladímir Putin y otros altos mandos responsables de la invasión de Ucrania. Asimismo, la corte ha señalado a Min Aung-hlaing, líder de la junta militar de Myanmar, por su papel en el devastador golpe de Estado que sumió al país en el caos.