Romina Monzón, madre de Jeremías, reclamó cambios en el régimen penal juvenil y advirtió sobre la falta de respuestas del sistema judicial tras el crimen ocurrido en diciembre.
Romina Monzón, madre de Jeremías, volvió a pedir públicamente modificaciones en la legislación penal juvenil tras el asesinato de su hijo, ocurrido el 18 de diciembre y perpetrado —según relató— por tres menores de edad que actuaron con un alto grado de planificación y violencia. La mujer impulsa una campaña para que el Congreso avance en la baja de la edad de imputabilidad y en una reforma integral del sistema, al considerar que el actual marco legal deja hechos de extrema gravedad sin sanción efectiva.
De acuerdo con su testimonio, el crimen fue premeditado: una adolescente de 16 años citó a Jeremías a una fábrica abandonada donde otros dos menores de 14 años lo esperaban armados. Allí, sostuvo, lo torturaron y asesinaron mientras registraban la escena en video. Tras el ataque, los involucrados se retiraron del lugar, descartaron elementos vinculados al hecho y simularon preocupación por el paradero del joven en redes sociales. “No fue un hecho impulsivo ni una pelea entre chicos; hubo organización, hubo crueldad y hubo conciencia de lo que estaban haciendo”, afirmó en diálogo con la 99.9.
La madre explicó que, en el proceso judicial, solo la menor de 16 años puede ser eventualmente juzgada, mientras que los dos adolescentes de 14 permanecen en libertad sin antecedentes penales debido a su edad. Esa situación es la que impulsa el reclamo familiar para modificar el régimen vigente. “Hoy están libres solo por tener 14 años y ni siquiera les queda antecedente. Para la ley, esto prácticamente no existió”, cuestionó. Además, señaló que la difusión del video del crimen generó un daño adicional que debió ser frenado mediante acciones legales. “Tuvimos que pelear también para que no siguieran revictimizando a mi hijo mostrando esas imágenes”, agregó.
Sobre el vínculo previo entre la víctima y una de las acusadas, Monzón indicó que mantenían una relación virtual y que no existían amenazas ni conflictos que permitieran anticipar el desenlace. Según su reconstrucción, el encuentro fue convocado para dialogar sobre un video íntimo que circulaba en redes y terminó derivando en el ataque. “Mi hijo fue a hablar, no a pelear. Fue confiado, sin imaginar lo que le habían preparado”, expresó. También mencionó la posible participación de un adulto después del hecho, hipótesis que forma parte de la estrategia de la querella. “Creemos que alguien mayor ayudó a encubrir lo que pasó, y eso también tiene que investigarse a fondo”, remarcó.
En un análisis más amplio, la mujer sostuvo que la utilización de menores por parte de organizaciones delictivas se ve favorecida por la falta de consecuencias penales y por la inexistencia de instituciones adecuadas para su tratamiento. “Hoy el sistema no protege a las víctimas ni recupera a los chicos que delinquen. Así perdemos todos como sociedad”, señaló. Afirmó además que la ausencia de espacios reales de rehabilitación y contención profundiza la reincidencia y genera frustración incluso dentro de las fuerzas de seguridad. “Los propios policías te dicen que entran por una puerta y salen por la otra”, añadió.
Aunque reconoció que una eventual reforma legal no tendría efectos retroactivos sobre los responsables del asesinato de su hijo, Monzón consideró que podría evitar nuevos crímenes o garantizar justicia en otros casos. En ese marco, impulsa una campaña nacional de recolección de firmas a través de plataformas digitales con el objetivo de respaldar en el Congreso una modificación del régimen penal juvenil. “Yo ya no puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo luchar para que ninguna otra madre tenga que pasar por esto”, concluyó.