La medida busca frenar el creciente hábito del vapeo entre los adolescentes.
Que sea la ciudad de la tecnología no quita que deje de preocuparle las consecuencias del asunto.
Tal vez porque la sombra de Silicon Valley es muy alargada, San Francisco se convirtió en la primera ciudad que prohibió a las fuerzas de seguridad el uso del reconocimiento facial. Y ahora vuelve a liderar la cruzada de los efectos colaterales de la innovación al ser pionera entre las grandes metrópolis en la prohibición de la venta de los cigarrillos electrónicos dentro sus límites.
Esta resolución afecta por igual tanto a las tiendas físicas como a los establecimientos online.
La decisión se tomó por el voto unánime de los once concejales que integran el equipo de gobierno municipal. Su objetivo es establecer una legislación que frene el uso de los vaporizadores por los adolescentes. En este colectivo se ha producido un boom en el consumo y esto ha propiciado la preocupación de la adicción de los jóvenes a la nicotina.
La prohibición no tiene un carácter permanente. Se mantendrá, sin embargo, hasta que la administración de alimentos y medicamentos (FDA) analice la seguridad en torno a los e-cigarros. La agencia federal no tiene previsto afrontar esta cuestión antes del 2022. Es el plazo que
la FDA ha concedido a compañías como Juul para hacer llegar
sus consideraciones y entreguen sus peticiones para la revisión.
En esta ciudad californiana se encuentran los cuarteles de Juul Labs, el más popular de los productores de este dispositivo en Estados Unidos. La compañía asegura que esta medida, una vez efectiva, no hará más que provocar un mercado negro.
La alcaldesa London Breed, que dispone de diez días para estampar su firma en esta regulación, ya ha indicado que rubricará esta decisión. De esta manera, la normativa entrará en vigor en un plazo de siete meses, pero no se descarta que se planteen desafíos legales.
Hay mucho dinero en juego e incluso un peligro para el negocio por este “mal ejemplo” que pueden adoptar otras ciudades.
Así que Juul ya ha anunciado que presentará una propuesta en las urnas, en la próxima cita electoral de noviembre para lograr anular esta medida y poder seguir comercializando su producto.
Para esto necesita lograr un número determinado de firmas. Se han puesto manos a la obra. De momento ya han destinado 500.000 dólares a la campaña destinada a crear conciencia contra la que consideran una decisión arbitraria. Los activistas contra el tabaco y los expertos legales han denunciado que esta sociedad utiliza tácticas similares a las que emplearon las compañías tabaqueras con las que durante años trataron de bloquear cualquier regulación que amenazara sus beneficios, aunque en su tarea difundieran mentiras sobre la capacidad tóxica.
De llegar a las urnas –tiene de plazo hasta el 8 de julio para entregar las firmas– y ganar, la iniciativa de Juul no sólo conseguiría anular la normativa municipal, sino que incluso negaría al ayuntamiento su autoridad para emprender estas acciones. Deberían ser los ciudadanos, en un referéndum, los que se expresaran.
Los que luchan contra el vapeo sostienen que estas empresas ponen deliberadamente su objetivo en los jóvenes ofreciéndoles productos con sabores. Aseguran que, además de que se precisen más investigaciones científicas para observar el impacto en la salud, el consumo de los cigarrillos electrónicos anima a los adolescentes a dar el salto a los cigarros clásicos. Esto es, que no hace
más que incentivar la vuelta al pasado.