El búnker de Cristina Kirchner está bajo la lupa de la Inspección General de Justicia.
El Instituto Patria, el espacio que tiene a Cristina Kirchner como presidenta honoraria, recibió otra intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ) por no presentar el listado de sus socios: quiénes son los aportantes que permitieron que en 2017 ingresaran a la contabilidad del espacio más de $ 1,7 millones en concepto de cuotas sociales.
“Se detectaron recibos de cuotas y aportes voluntarios de dudosa procedencia”, señalaron fuentes oficiales a Clarín. El objetivo es determinar si los aportes recibidos “justifican el sustento” del búnker político K.
Es la segunda vez en pocos meses que el Instituto Patria, ubicado en un petit hotel de la calle Rodríguez Peña, recibe un llamado de atención. La primera vez, la IGJ les ordenó publicar la sanción en un diario de gran publicación. No lo hicieron. Y ahora volvió a intimarlos para que lo hagan.
La nueva multa se debió a la falta de documentación sobre el listado de socios. La IGJ insiste en contar con esa información para cotejar si los aportes recibidos en concepto de cuotas sociales “justifica el sustento del espacio”.
En una inspección realizada hace pocos meses, se encontraron en el Patria recibos ”de dudosa procedencia” entregados en concepto de “cuotas sociales y aportes voluntarios”. Además, se observó que, para no sobrepasar el monto de $ 1.500 que estipula la AFIP para emitir una factura oficial, se desdoblan pagos “para evitar los procedimientos de detección y/o reporte de dichas operaciones”.
El Departamento Contable de la IGJ exige la “individualización de los aportantes desde el 7 de abril de 2016 a diciembre de 2017”.
Los listados que entregó la institución fueron calificados de “incompletos” ya que no se especificó quiénes son los aportantes, los conceptos abonados ni el período al que corresponden. Oscar Parrilli, presidente del Patria, dijo que brindar dicha información sería violatorio de datos personales. La IGJ insistió en que deben rendir el registro de asociados ya que tienen “fiscalización permanente sobre la institución”, explicaron fuentes oficiales.
Los números no son claros para la IGJ. En 2016 cuando obtuvieron la personería jurídica, el instituto declaró ingresos por $ 2.367.232 ($ 1.280.140 corresponden a cuotas sociales). Hay cuotas de $ 500 para los socios activos, $ 1.000 para los plenos y $ 200 para los denominados benefactores.
En 2017, el Patria recibió $ 1.783.910 por cuotas de sus asociados, $ 251.000 en donaciones y más de $ 283.000 por “eventos sociales”, entre otros ingresos. Uno de los principales gastos que tiene el Instituto es el alquiler de su edificio que son $ 60.000 más IVA mensuales según lo declarado en sus balances.
“No se sabe quiénes son los aportantes, ni la frecuencia ni la cantidad de asociados que tiene el espacio”, reiteró la IGJ. Sospecha de facturas sin la “documentación respaldatoria” por más de $ 66.000 entre los gastos declarados por $ 276.674 durante el último ejercicio.
También, hubo observaciones sobre la rendición de bonos cobrados durante “La Peña de la Patria”. El monto era de $ 100 por persona. “Participaron 659 personas y se anularon 13 bonos”. Además, “se emitieron 46 bonos por $ 200 cada uno y 353 bonos por $ 500″, la IGJ observó que no corresponde rendir “una donación por los bonos” ya que no se identifica al donante. Se señaló que la cifra es de $ 185.200 y no de $ 251.450 como declaró el instituto.
Otras de las observaciones realizadas al Instituto, es sobre el Libro Diario N° 1 donde se volcaron las donaciones “de forma global mensual” al igual que los ingresos por bonos “no pudiendo ser los mismos individualizados”. Se le informó que “las operaciones deben ser registradas en forma diaria”.
En el análisis realizado sobre la documentación, se observó también que se repiten bonos contribución de los mismos donantes-contribuyentes por “donaciones efectuadas el mismo día”. Si se las suma, superan los $ 1.000 que obliga a bancarizar su contribución, si no, según fuentes oficiales, pierden su validez.