La Coordinadora de Tratamientos y Fundadora de la ONG Proyecto Vida Digna, habló en la 99.9 sobre la problemática que tienen los adictos y como las políticas del gobierno no hacen más que dejarlos desamparados.
El caso de los 24 fallecidos por drogas adulteradas, no sólo dejó entrever el problema del consumo de drogas en el país una vez más, sino también el constante mensaje desde el gobierno tanto nacional como provincial de justificar el consumo, incluso como si fuera inocuo.
La coordinadora de tratamientos y fundadora ONG Proyecto Vida Digna, Sandra Álvarez se refirió en la 99.9 a los dichos de Sergio Berni indicando que aquellos que hayan comprado droga en las últimas 24 horas no la consuman y la descarten: “habla del poco conocimiento que hay respecto de la adicción y la enfermedad. Una persona que sabe que el adicto no puede parar de consumir porque trabaja con ellos y sus familias, sabría que no la pueden descartar. Estamos ante una enfermedad que requiere mucha atención”.
No sólo se ha desmantelado la política de prevención sino que también se incita constantemente al consumo de estupefacientes. Organismos como el SEDRONAR tienen una presencia testimonial, pero para las cosas verdaderamente importantes vinculadas a las drogas, no tiene funcionalidad: “mientras la directora de SEDRONAR estaba en Mar del Plata con los dueños de los boliches pidiéndoles que hicieran prevención para que los que manejan no tomen alcohol, nosotros estábamos con una mamá que tenía su hijo ahorcado en el patio de su casa sentada en un banquito esperando que venga la Policía Científica para descolgarlo. Cuando la madre lo llevó al Hospital buscando ayuda, le dijeron que no tenía concepto de internación cuando ya se había querido suicidar. No la vimos en ningún barrio”.
También se refirió a los lugares donde todos conocen que hay consumidores para poder ayudarlos, pero nadie hace nada: “en Nuevo Golf, el barrio donde ahora se agarraron a los tiros, hay un campito muy cercano con un colchón tirado donde van todos a consumir y se quedan días. Cuando los padres no los encuentran, los van a buscar ahí y con suerte se los pueden llevar a la casa”.
La discusión tiene múltiples aristas, pero todo termina girando en torno a la aplicación de la Ley de Salud Mental que no permite la internación de los adictos si no es por voluntad propia: “la Ley de Salud Mental no sirve para personas adictas. Se está trabajando en la reducción de daños que es el primer paso del tratamiento, no es el logro ni la recuperación. Es el primer paso porque reduce la cantidad de consumo para que pueda entender de que se trata la recuperación”.
Los tratamientos en centros privados tienen un costo muy elevado y la mayoría de las familias no pueden pagarlo, por eso desde ONG Proyecto Vida Digna ofrecen distintas ayudas: “somos una institución sin fines de lucro y nuestra cuota es más baja. No cobramos por informar y acompañar, eso se hace todo en forma gratuita. En otros lados sale muchísimo dinero, están cobrando 70, 80 o hasta 100 mil pesos por la internación. Nosotros tenemos la opción de que si el chico no puede pagar, la cooperadora se hace cargo de un mes y cuando está un poco mejor, arreglamos un tratamiento con la familia que no sea una internación porque no tenemos espalda para tanto. Los grupos de familia son gratuitos para todos los padres, de los que están internados o los que no están en tratamiento”.
Mientras tanto, el gobierno, lejos de facilitar el funcionamiento de lugares donde se pueda alojar a personas adictas, les complica el desarrollo de las tareas: “ahora salió el protocolo nuevo para habilitar las comunidades terapéuticas y nos complican todo. Quieren tener una lucecita individual para cada cama y hay que hacer todo un cableado en el lugar que ya adecuaste a lo que te pedían. Realmente no es algo importante para la recuperación del adicto. Que estén pensando en lamparitas cuando los chicos se están matando, me hace doler el corazón”.