El candidato pidió ser indagado en la investigación que lo tiene como imputado. Lo hizo el miércoles.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a Presidente por el oficialismo, Daniel Scioli, declaró como imputado en una causa judicial en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito. El hecho ocurrió esta semana: fue ocultado por la Gobernación bonaerense.
Clarín confirmó lo ocurrido a través de fuentes del entorno de Scioli; de uno de los más influyentes abogados que trabajan en casos del poder y de dirigentes del peronismo bonaerense.
La denuncia contra Scioli por enriquecimiento ilícito fue presentada por el abogado Rafael Velischek a las 13:50 del 24 de abril del 2014 en la Mesa General de Entradas y Registraciones de la Fiscalía General del Departamento Judicial de La Plata.
En su escrito, Velischek argumentó que existía suficiente información y evidencias para que las autoridades judiciales analicen si Scioli había ocultado bienes a través de una red de sociedades comerciales montada de modo presuntamente ilegal, en otras maniobras de ese estilo.
El juez de garantías de La Plata que quedó a cargo del caso es Pablo Raele. El fiscal que impulsa la pesquisa es Jorge Paolini.
Ambos entendieron que la denuncia de Velischek tenía sustento para imputar a Scioli en un expediente enmarcado en el artículo 268 del Código Procesal de la Nación: es el que estipula que los funcionarios que no podrán justificar el crecimiento de su patrimonio durante su gestión pública –incluida la cancelación de deudas- “serán reprimidos con reclusión o prisión de dos a seis años”, entre otros castigos.
La misma norma y sus correspondientes penas corren para quienes la Justicia identifica como “personas interpuestas” del condenado: se trata del nombre técnico que se le da los “testaferros”.
La versión oficial sobre la declaración de Scioli en la causa por enriquecimiento ilícito asegura que el gobernador decidió adelantarse a los tiempos judiciales y, por impulso propio, dio su testimonio al respecto antes de que sea citado a declarar en la causa.
Según expertos en Derecho consultados por Clarín, de haber sido así se trataría igualmente de una declaración que no cambió su situación de imputado en el expediente.
La declaración en indagatoria es justamente uno de los derechos que tienen los investigados para defenderse de las acusaciones judiciales en su contra.
Otras fuentes que demostraron estar al tanto de la trastienda de esta historia, en cambio, le aseguraron a Clarín que el juez y el fiscal fueron los que los que citaron a Scioli para que declare como imputado por enriquecimiento ilícito.
El gobernador habría brindado su testimonio a las autoridades judiciales desde su despacho oficial, por lo que habría evitado presentarse en los tribunales.
Las fuentes oficiales consultadas por Clarín no dieron detalles del contenido de la declaración de Scioli.
El denunciante del gobernador, el abogado Velischek, había dicho en su escrito que pedía que se investigue la fortuna del mandatorio no solo por las prueba que habría recolectado en su contra, si no también porque la situación se agravaba, además, debido a que el gobernador había aprovechado las leyes de la provincia de Buenos Aires para ocultar de modo “expreso” su verdadero “patrimonio”.
Después de ocho años de gestión como gobernador, Scioli recién hizo pública la semana pasada su primera declaración jurada de bienes referida a ese tiempo en el que trabajó como mandatario provincial. En los años en los que fue vicepresidente de los Kirchner, el candidato a Presidente había optado por dar a conocer sus bienes en forma pública: según esa información, la fortuna de Scioli fue oscilante.
En la declaración de bienes que presentó hace pocos días ante la Oficina Anticorrupción, afirmó que su patrimonio ascendía a los 13,6 millones de pesos.
¿Por qué Scioli tardó ocho años en dar a conocer su fortuna? Las sospechas sobre el tema se acrecentaron porque en esa declaración -a la cual lo obliga la ley- no se adjuntaron los bienes de su pareja, Karina Rabolini, y llamó la atención la valuación de su casa en el Tigre, “La Ñata”: anotó que su tasación era de casi 2,2 millones de pesos, aunque tiene más de 800 metros cuadrados cubiertos y 12.200 de parque.
En su denuncia original, Velischek enumeró algunas de las sociedades comerciales vinculadas a Scioli a las que pidi investigar, integradas por personas de su entorno o direcciones comunes: Capanone S.A; Alero S.A; Sunshine S.A; Servicios Emiser S.A; TVG S.A. Y otra llamada CIP: ésta última fue registrada en el 2008 en una sede en la calle 6 entre 51 y 53, La Plata. Allí está ubicada la propia Gobernación de Buenos Aires.