Después del acuartelamiento, la mayoría de las provincias concedió el aumento que los efectivos exigieron con la huelga. Ahora, la batalla judicial.
A más de un mes del acuartelamiento policial que derivó en una ola de saqueos y dejó un saldo de 15 muertos, las provincias más afectadas avanzan con la judicialización del conflicto. En La Pampa, el fiscal pidió la indagatoria para ocho policías. En Tucumán se dictó preventiva para otros 8 oficiales. La mayoría de los distritos cedió al aumento que exigieron los oficiales, salvo Chaco y Entre Ríos, que desconocieron el acuerdo por extorsivo y negociaron un incremento más bajo. Esto motivó que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, tuviera que aclarar ayer que ninguna provincia dio marcha atrás con los incrementos a los policías.
La Pampa: este martes, el gobernador Oscar Jorge firmó el decreto 1132/13 que establece un 19% de incremento salarial pero también anunció que el acuartelamiento no iba a quedar impune. Un día después, el fiscal federal Juan José Baric solicitó que 8 oficiales y 3 ex policías sean indagados por sedición, delito que prevé penas de seis años.
Chaco: el vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, fue el primero en declarar nulo el acta acuerdo que dejó el salario mínimo de los efectivos en $8.000 por considerarlo extorsivo. Este lunes firmó un aumento en $6.000 de bolsillo mientras su ministro de Gobierno, Marcos Verbeek, presionó a la Justicia chaqueña para que investigue la participación de policías en los saqueos. El miércoles, la Procuración General detalló los avances y anunció que en los próximos días 12 efectivos deberán declarar como imputados.
Entre Ríos: en la misma línea, el gobernador Sergio Urribarri avaló al procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge García, quien consideró ilegal el acta acuerdo con los policías que establecía un aumento de $3.000. La gestión negocia un incremento de $1.600 mientras espera que finalice la feria judicial para que avance una denuncia contra policías amotinados. Desde el gobierno sostienen que hay 12 efectivos muy comprometidos. La Justicia habría reconocido productos saqueados en allanamientos a familiares de policías.
Tucumán: un día después de que comience la revuelta en su provincia (10/12), el gobernador José Alperovich cedió y promulgó el aumento a $8.500 de básico mientras presentó una denuncia penal a los policías amotinados. Esta semana, la Justicia dictó la prisión preventiva de ocho policías tucumanos acusados de presunta sedición . La medida del juez Víctor Rougés implica que los efectivos deberán esperar en la cárcel el juicio oral.
Córdoba: dos fiscales de Instrucción de la ciudad de Córdoba dictaron 35 prisiones preventivas contra imputados por los robos y saqueos que se produjeron entre el 3 y el 4 de diciembre pasados, durante el acuartelamiento y la huelga que realizó la Policía provincial. Si bien hasta el momento no hay policías acusados, fuentes judiciales confirmaron que la causa avanza en conocer los vínculos familiares y profesionales de las personas imputadas con efectivos de la fuerza de seguridad. Aquí, el gobernador José Manuel de la Sota elevó el básico de $5.000 a $8.000.