Unos 30 miembros de la guardia nacional de Venezuela rodearon este sábado por la mañana la oficina de la fiscal general antes de su posible remoción por parte de una nueva asamblea constituyente.
Los elementos con equipo antimotines cerraron el acceso al edificio donde se encuentra la oficina de Luisa Ortega Díaz, en el centro de Caracas.
No hubo una explicación inmediata del gobierno, pero Ortega tuiteó fotos de las tropas y denunció lo que calificó de un “asedio” al ministerio público venezolano. “Denuncio esta arbitrariedad ante la comunidad nacional e internacional #5Ag”, agregó. Las imágenes fueron tomadas aparentemente de cámaras de seguridad del edificio.
El acceso a la zona donde se ubica el edificio quedó completamente restringido en medio de un fuerte despliegue de tropas.
La Asamblea Constituyente, que reescribirá la Carta Magna y que apoya al gobierno del presidente Nicolás Maduro, trabaja el sábado después de reunirse un día antes por primera vez.
Maduro ha dicho que usará la Constituyente para sancionar a la oposición. El presidente adelantó que la Constituyente despojará a los parlamentarios de su inmunidad mientras que los legisladores advirtieron que sólo abandonarán el recinto por la fuerza.
Se espera que una de las prioridades de la Asamblea sea una propuesta para expulsar del cargo a Ortega, quien durante mucho tiempo simpatizó con el gobierno pero rompió con Maduro en abril, en medio de protestas generalizadas sobre lo que ella dijo fue la ruptura del mandatario con el orden constitucional de Venezuela.
Los 545 delegados de la Asamblea Constituyente asumieron sus bancas en una sala del palacio legislativo a pocos metros de la cámara donde se reúne la Asamblea Nacional, dominada por los rivales políticos del gobierno, que exhortaron a sus seguidores a marchar. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que una de las primeras tareas del organismo será confrontar al Congreso opositor y a la fiscal Luisa Ortega Díaz.
Hay tensión política en el país luego de casi cuatro meses de protestas contra el gobierno que han dejado al menos 121 muertos, casi 2.000 heridos y más de 500 detenidos.
Cada vez más países anunciaron que no reconocerán la Constituyente. En Washington, el Departamento de Estado afirmó el jueves que la Asamblea es ilegítima y que tiene la finalidad de consolidar “la dictadura de Maduro”.
La última crítica vino del Vaticano, que sostuvo que ésta, “más que favorecer la reconciliación y la paz, fomenta un clima de tensión y enfrentamiento e hipoteca el futuro”. En tanto, el presidente francés Emmanuel Macron exhortó a renovar los esfuerzos para una mediación que evite un mayor derramamiento de sangre.
La oposición boicoteó la elección de la Constituyente del domingo alegando que las reglas beneficiaban al gobierno y casi todos los candidatos eran partidarios de Maduro. Este viernes se reunió en varios puntos del país para mostrar su rechazo a la investidura, pero no logró más que organizar una de las marchas más tímidas de los últimos meses. La protesta acabó de nuevo con choques violentos con las fuerzas del Estado.
La oposición está luchando por recuperarse frente a las tácticas de fuerza del gobierno. Varios activistas de la oposición han sido encarcelados en los últimos días, otros parecen estar buscando el exilio y un líder ha roto filas de la alianza de la oposición para decir que su partido presentará candidatos en las elecciones regionales, a pesar de la desconfianza generalizada en el sistema electoral de Venezuela.